EscucharLo que, desde que fue anunciado el 21 de mayo, tenía visos de ominosa certeza se convirtió siete días después en una deleznable y trágica decisión, que revela el creciente ímpetu totalitario del régimen chino y, en particular, de su todopoderoso presidente, Xi Jinping.
El jueves 28, como parte de su convocatoria anual, el parlamento nominal aprobó, con disciplinada y casi total unanimidad, un plan que impondrá sobre Hong Kong un paquete de draconianas leyes en materia de seguridad.
Una vez entradas en vigor, limitarán aún más la autonomía de la ciudad, las libertades públicas de sus ciudadanos y el pregonado concepto de “un país, dos sistemas” con el cual, de manera oficial, ha sido definido su estatus.
Los detalles de la nueva legislación serán elaborados en las próximas semanas por el Comité Permanente del parlamento chino, encargado de tomar las decisiones finales.
Una vez que esto ocurra, las leyes deberán ser puestas en vigor de inmediato por las autoridades de Hong Kong, probablemente en setiembre.
Según lo que se ha conocido, las nuevas medidas permitirán que los temibles aparatos de seguridad del poder central actúen abiertamente en la ciudad, prohibirán la existencia de grupos de activistas, autorizarán los encarcelamientos sin orden judicial e impondrán fuertes y prolongadas sentencias por “actos contra el poder central”, “violaciones a la seguridad nacional” o “terrorismo”.
La definición de estos conceptos aún no se conoce, pero, a juzgar por la imperante en China, será tan amplia como para incluir la distribución de libros, audios, videos o cualquier otro material que se considere peligroso.
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La decisión ha sido recibida con nuevas olas de protestas en el territorio, a las que sus autoridades han respondido con encarcelamientos masivos. Tampoco se ha hecho esperar la condena internacional.
El mismo jueves, Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido emitieron una fuerte declaración de condena. Fue este último país el que, en 1997, pasó el control de Hong Kong a las autoridades chinas, luego de que se adoptara una Ley Básica y un Estatuto de Derechos para garantizar, respectivamente, la autonomía y el respeto de las libertades civiles y políticas.
Pekín se comprometió a respetar estos principios hasta el 2047, pero cada vez se aleja más de su promesa, sobre todo desde que, hace siete años, comenzó la presidencia de Xi Jinping, quien, luego de un conjunto de cambios adaptados a sus ambiciones, podrá reelegirse indefinidamente.
En junio del pasado año se desató una ola de protestas en Hong Kong contra un proyecto de ley que permitiría la extradición de sus ciudadanos para ser juzgados en China.
El movimiento se convirtió muy pronto en un clamor por la democracia, y condujo a una resonante victoria de los opositores del centralismo en las elecciones de distritos municipales celebradas en noviembre.
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En ese entonces, Pekín actuó con moderación y la represión estuvo a cargo, exclusivamente, de los cuerpos de seguridad locales.
Sin embargo, los ímpetus autoritarios cada vez más claros de Xi, que se manifiestan en toda China, no se detuvieron en relación con Hong Kong, y condujeron, con una metódica frialdad, a la legislación adoptada el jueves.
Además de su demoledor impacto sobre la libertad y los derechos que han estado vigentes en el territorio, es un hecho que su dinamismo económico, que ha sido ejemplar, sufrirá un enorme retroceso.
Todo indica que Estados Unidos le retirará una serie de ventajas comerciales; además, las inversiones se han detenido, la salida de capitales y personas se ha acelerado y la recesión generalizada creada por la pandemia de la covid-19 no ha hecho sino acelerar las tendencias.
La combinación de estos elementos augura un futuro muy turbio, revela, una vez más, la naturaleza esencialmente centralista y totalitaria del poder chino, y generará mayor incertidumbre geopolítica en un momento crítico para la humanidad.
