El fracaso de la guerra contra el narcotráfico en México conduce a creer en la inutilidad de la respuesta policial y la necesidad de cambiar la estrategia por otra, menos represiva y hasta ahora poco definida. La evidencia para apoyar las propuestas de liberalización escasea, pero abundan los datos para demostrar el fracaso mexicano.
Entre enero del 2006 y mayo del 2021, unas 350.000 personas perdieron la vida en enfrentamientos relacionados con el tráfico de drogas y más de 72.000 están desaparecidas. Cuando declaró la guerra, el presidente Felipe Calderón desplegó unos 50.000 militares para librarla. Bajo su sucesor, Enrique Peña Nieto, el número llegó a 130.000, y Andrés Manuel López Obrador lo elevó a 150.000, contando al Ejército y la Guardia Nacional. Sin embargo, el flujo de drogas hacia los Estados Unidos no sufre mengua.
Pero antes de modificar las premisas de la lucha contra el tráfico de drogas es preciso explicar el fracaso en México. La respuesta no es una sola. La pobreza, el desempleo, la marginación de vastos territorios y sectores ofrecen al narcotráfico inagotables canteras de reclutamiento. En cambio, los réditos del ilícito negocio son inimaginables.
Todo eso explica por qué el crimen resulta atractivo, pero no las razones del fracaso de la respuesta policial. Un juicio a punto de concluir en Nueva York, Estados Unidos, ofrece razones mucho más directas. El acusado es Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, nombrado por el presidente Calderón apenas iniciado su mandato, en el 2006.
En ese mismo momento, el mandatario anunciaba la guerra contra el narcotráfico y García Luna parecía la persona indicada. El 1.° de setiembre del 2001, el presidente Vicente Fox creó la Agencia Federal de Investigación (AFI) y lo nombró su titular, reconociendo su ya larga experiencia en la materia.
García Luna presentó la Estrategia Integral de Prevención al Delito y Combate a la Delincuencia a Calderón el 7 de marzo del 2007 y se constituyó en el arquitecto de la lucha contra el narcotráfico durante todo su ejercicio presidencial, del 2006 al 2012. Según cálculos basados en las versiones de testigos, recibió, como mínimo, $230 millones en sobornos del narcotráfico.
La Fiscalía formuló cinco cargos contra García Luna, cuatro relacionados con drogas y uno con falsedad de documentos. Según la acusación, habría ayudado al cartel de Sinaloa y a su jefe, Joaquín el Chapo Guzmán (condenado a cadena perpetua), a introducir 53 toneladas de cocaína en Estados Unidos.
El juicio está pronto a finalizar y no hay un veredicto sobre las posibles responsabilidades de García Luna; sin embargo, el desfile de testigos puso en evidencia las fallas de la “guerra” contra el narcotráfico, la confabulación de los carteles con el poder político y los golpes fingidos para aquietar a la opinión pública local e internacional.
Sergio Villarreal Barragán, conocido como el Grande, describió la preparación de toneladas de cocaína falsa con azúcar y harina para intercambiarla por droga incautada por las autoridades. Todo rastro del engaño desaparecía cuando se ejecutaba la quema del supuesto narcótico. Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit, rindió testimonio sobre la información brindada a los traficantes por las autoridades para facilitar la evasión de la justicia. “Encubríamos los delitos que cometían”, afirmó el encargado de perseguir el crimen en todo un estado de la federación mexicana.
Los testimonios involucran a gobernadores, policías de todo rango, periodistas y fiscales. Dibujan a México como un país destinado a fracasar en la lucha contra las drogas por la permeabilidad de sus instituciones, la violencia cultivada a lo largo de décadas y una cultura de corrupción en las esferas oficiales, de la cual no ha podido librarse. No es un buen ejemplo para valorar la respuesta policial ante el narcotráfico, pero sí constituye un llamado a la cautela y a la necesidad de permanecer alertas, porque ningún país puede tener certeza de inmunidad.