Escuchar¿Hay algo más difícil que vivir en sociedad, sin importar si la convivencia es entre millones de personas o entre aquellas que, para bien y para mal, llamamos familia? El esfuerzo se complica cuando, deseando la convivencia, también valoramos nuestra libertad.
La vida privada en Costa Rica, en el siglo XIX, se compartía públicamente de un modo parecido a como se practica hoy en las redes sociales.
Entre los años 1833 y 1934, las familias no solo recurrían a los periódicos para informar de los noviazgos, matrimonios, nacimientos y defunciones —en algunos casos, hasta de algo tan íntimo como el suicidio—, sino también sobre el estado de salud de sus integrantes.
Ese deseo de hacer público lo personal tenía el propósito de contribuir al “chequeo” social con vistas al mercado matrimonial —y, con ello, a la transmisión de la propiedad entre familias—, pues algunas leyes y costumbres coloniales todavía se mezclaban con las mayores libertades que facilitaron la modernidad y los gobiernos liberales.
A medida que las libertades modernas ganaron terreno y las reglas de la convivencia cambiaron, temas desagradables, pero reales, como los medicamentos para la “impotencia” en los hombres, para inducir abortos (píldoras y jarabes dirigidos a “modistillas” que padecieran “irregularidades de la menstruación”) y para curar la sífilis que dejaban las festividades de fin de año, pasaron a ser de discusión pública.
Pero lo que sí se mantuvo presente de modo constante, tanto en la vieja comunidad como en la sociedad moderna, es la publicación de información sobre aquello considerado de interés público. Por ejemplo, el manejo del dinero de los impuestos siempre fue objeto de control de las instituciones, de acuerdo con las leyes, pues, de lo contrario, podían ocurrir arbitrariedades que socavaban la convivencia social.
¿Mujeres malas?
Entonces, no es culpa “de Juana, ni de Chana, o, si no, de su hermana”, como se quejó el presidente en su pasada conferencia de prensa, en su afán de sentirse perseguido por las mujeres que están en la función pública y le recuerdan que debe seguir la ley, entre estas la jueza Patricia Calderón, del Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, y la contralora, Marta Acosta.
Ellas son perfectamente competentes, pues emiten criterios que están avalados por mandatos legales acordados por la sociedad y que son tan legítimos como el que, en una segunda ronda, logró Rodrigo Chaves.
Indignado por la sentencia de Calderón, el presidente se detuvo justo antes de preguntar quién era una jueza de un tribunal cualquiera para determinar que la llamada Ruta del Arroz es un fracaso y que lesiona a la sociedad.
Pero ese fallo solo constata los hechos, esto es, que el precio del arroz sigue aumentando, como muestra el más reciente índice del INEC, y que la famosa ruta está llevando al fracaso económico a la producción local de ese alimento.
Más importante aún, la jueza recrimina al Ejecutivo por haber emitido el decreto sin tomar las medidas necesarias para evitar el daño, ahora ya causado, a la producción local. Esas medidas fueron prometidas por el gobierno y recomendadas por los economistas que apoyan un cambio en el statu quo arrocero.
Su animadversión hacia Acosta y la Contraloría funciona de un modo parecido. Desea eludir las reglas establecidas y construir el millonario proyecto de la Ciudad Gobierno para sustituir el pago de alquileres a empresas locales por el pago de esas rentas a un banco externo, el BCIE, durante los próximos 25 años.
Y quiere hacerlo “a dedo” o, como diría Frank Sinatra, a su manera, sin la seguridad de que, al final, la tal ciudad llegue a ser propiedad del Estado.
Ese peligro lo acaba de ratificar el director general de Contabilidad Nacional, del Ministerio de Hacienda, Errol Solís. Quizás el presidente escuche a Solís, pues parece que, en su visión, lo que diga un abogado tiene más valor que lo que afirmen una abogada y una experta en gestión y finanzas públicas, aunque en la conferencia también culpó al conjunto de profesionales en derecho de entorpecerle sus planes.
¡Qué comentar del deseo catastrófico que expresa el presidente cada vez que se refiere al periodismo crítico y a ciertos medios de comunicación! En la pasada conferencia, sus ataques fueron dirigidos a Yanancy Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas, quien, al igual que la diputada Pilar Cisneros, laboró durante varios años en La Nación. Solo que, a esta última, confesó Chaves, él no se atreve a “atravesarle el tren”.
La psicoanalista austriacobritánica Melanie Klein tiene un nombre para la figura ambivalente que la madre representa para el niño. Dice que, en esa edad de sensaciones básicas, ve en ella tanto a la “teta buena como a la teta mala”.
Para el infante, la madre es adorada, pero, a la vez, temida, porque su dependencia de ella es absoluta: es quien elabora el chop suey, es decir, la que tiene el poder de calmar el llanto nutriendo con su amor, de ponerle pelos a la sopa o de acallarlo para siempre enviándolo a una nodriza o recurriendo a otras soluciones extremas.
Toda persona adulta ha de evitar que su temor aversivo a la “teta mala” no la siga persiguiendo hasta la adultez.
Chop suey 2.0
Sea lo que sea, a pocas semanas del 1.° de mayo, lo que el gobierno parece estar propiciando es un chop suey, como calificó hace un año, despectivamente, la marcha de agricultores y otros sectores descontentos por su labor en los primeros 11 meses de la administración.
Quienes producen arroz, quienes atienden la salud de la población de menores ingresos, quienes la educan, los vecindarios afectados por el pésimo suministro de agua, quienes imparten justicia y hasta los colegios profesionales, como los de periodistas y abogados, ya se despabilaron.
Cierto statu quo dejó de servir a la sociedad y el deterioro es grande, de modo que las leyes y las instituciones deben ser constantemente mejoradas, pero irrespetar las reglas del juego socava la convivencia.
La autora es doctora en Estudios Sociales y Culturales, socióloga y comunicadora. Twitter @MafloEs.
