La educación, la seguridad, las carreteras y casi todo lo demás está mal. La culpa, dicen muchos, es de la regla fiscal, que impide al gobierno gastar más en rubros muy necesarios para mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Luego de más de dos siglos de independencia, pareciera que la regla fiscal es el nuevo yugo opresor, que limita nuestra libertad.
La mentada regla rige desde el 2020. Es parte de una ley que pretendía resolver el problema de la elevada y creciente deuda pública.
La ley introdujo una regla que limita el crecimiento del gasto del gobierno. No es que recorta el gasto, solo le pone coto a su crecimiento. En ese sentido, la regla no atenta contra nuestra independencia; es un límite que los ciudadanos pusimos a lo que el gobierno puede hacer con los impuestos que pagamos.
Así se hizo, porque el grado de irresponsabilidad de los gobernantes de los últimos 15 años había hecho crecer el gasto más allá de la capacidad del país. El crecimiento de la deuda pública, utilizada para financiar el elevado gasto compulsivo de los gobiernos, se había tornado insostenible y amenazaba con hundir al país en una grave crisis económica.
La mencionada ley introdujo, además de la regla fiscal, nuevos impuestos y más instrumentos para mejorar la eficiencia recaudatoria. O sea, tampoco es que la ruta de ajuste fiscal dependía, exclusivamente, de recortes en el gasto. De hecho, desde inicios del 2020, la recaudación de impuestos aumentó un 22 %, mientras el gasto sin intereses decreció un 5 %, todo en términos reales.
Se puede decir que, a nivel macro, la estrategia para reducir la deuda pública y sacar al país del riesgo de una enorme crisis funciona bien. El problema no es la regla fiscal, sino como se ha ejecutado. A nivel micro.
Los recortes de gasto se hacen con hacha, y no con bisturí. Poco, o nada, se ha hecho para mejorar la composición de ese gasto y su eficiencia. Aquella idea de hacer reformas para mejorar el funcionamiento del Estado, como en el caso del MOPT, del conglomerado del sector de la vivienda o el alquiler de edificios, aún siguen en etapa de planificación. Su ejecución ha sido muy lenta. Aquello de recortar o eliminar programas que perdieron sentido, para así tener más dinero para lo que sí importa, tampoco ha avanzado mucho.
lmesalles@ecoanalisis.org
El autor es economista.
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