Encrespando el debate político desde la Casa Presidencial

De acuerdo con los magistrados, el mecanismo utilizado por el Ejecutivo no fue el correcto. La decisión implicaba la devolución de cientos de miles de euros a quienes habían sido multados y la descalificación de una de las medidas más defendidas por las autoridades.

A las pocas horas, la ministra de Justicia se presentó en los medios —igual que el propio Sánchez un día después— para expresar su desacuerdo con la sentencia, pero aclaró que la orden sería acatada de inmediato. Sin ataques ni descalificaciones. Sin histrionismos ni inflamando el debate político.

Viendo lo que ha sucedido en los últimos días en Costa Rica, es imposible dejar de pensar que el talante importa y que respetar la Constitución no es solo jurar someterse a ella, sino también conocerla.

Uno se pregunta si las puestas en escena del presidente responden a una intencionada voluntad de dinamitar el diálogo y arrastrarnos a una crispación sinsentido. Gobernar no es un reality show porque lo que está en juego es la calidad de vida de la gente y la satisfacción de sus necesidades.

Irrespeto al Poder Judicial

El ataque contra el Poder Judicial es inaceptable. Es inaceptable porque Chaves parece no tener idea de cuáles son las competencias de ese brazo del Estado y no contar con alguien para despejar sus dudas.

Es inaceptable porque la sangría sin precedentes por la que atraviesa el país la estamos sufriendo todos en general y las familias de quienes perdieron la vida, con particular dolor y dramatismo. La apuesta por una inútil e inexacta repartición de culpas no resiste más.

La exigencia de cuentas al fiscal general, hecha por el ministro de Comunicación, fue penosa por la forma y por el fondo. Enhorabuena por la contundente reacción de Carlo Díaz. Justamente lo que vemos estos días en Guatemala, El Salvador o Nicaragua es que un ministerio público sumiso a los caprichos de un gobernante es una de las formas más perversas de destruir el Estado de derecho y que tenerlo como lo tiene Costa Rica, un país ubicado en una región tan convulsa como la centroamericana, es un valor cuya preservación debería estimular todos los esfuerzos.

En una situación de extrema gravedad es fácil utilizar el miedo de la gente para generar más confusión, pero es de una irresponsabilidad mayúscula. No solo es que, por disposición de la ley, en Costa Rica el órgano encargado de la persecución de los delitos responde, en última instancia —y únicamente en ciertas cuestiones— a la Corte Plena, sino también que detrás de esa teatralización se oculta una verdad del tamaño de una catedral: cuando un fiscal investiga o cuando un juez juzga es porque las agencias de prevención, resorte exclusivo del Poder Ejecutivo, han fracasado.

La principal aspiración de una sociedad civilizada no es cuántos delitos se cometen —se juzgan y sancionan—, sino cuántos delitos son evitados, y esa tarea no corresponde ni a jueces ni a fiscales.

Exabruptos presidenciales

Por supuesto que habrá acciones y resoluciones judiciales que serán objeto de crítica y mejora; sin embargo, los exabruptos de la Casa Presidencial secuestran la legítima preocupación, porque la urgencia deja de ser esa y la sustituye la imperiosa necesidad de defender nuestro sistema de pesos y contrapesos de imprecisiones como las que se han cometido.

Sin duda, frente al actual estado de cosas deben diseñarse estrategias policiales —provistas de recursos— que atiendan las zonas más conflictivas para contener la violencia, casi todas habitadas por personas pobres.

Pero mientras el Poder Ejecutivo no tenga un plan en el que prevalezca una política social a largo plazo nada va a cambiar realmente. El deterioro de los índices de pobreza e igualdad a través de políticas de recorte, ancladas además en un modelo económico voraz, seguramente son la mejor explicación del porqué estamos donde estamos. Y esto lo resolverá una suma de instituciones y visiones que superen el cortoplacismo y los delirios represivos.

Hasta ahora no ha habido una sola iniciativa del Poder Ejecutivo que no sea ofrecer mano dura. No estoy diciendo que no se deban hacer reformas penales, y aunque en principio dude de ellas por su probada ineficacia, lo que está fuera de cualquier discusión es que siempre serán residuales e insuficientes.

Ojalá el presidente y quienes están en su entorno renuncien a encrespar la convivencia y la institucionalidad. Se trata, en definitiva, de resolver con humildad y sentido de Estado un problema que nos atenaza y pone en peligro nuestro pacto social; y no por soberbia o ignorancia de crear otro más. El talante importa.

mfeoliv@gmail.com

El autor es profesor en la Universidad Nacional (UNA).