EscucharEl proyecto de ley para privatizar el Banco de Costa Rica (BCR) presentado por el presidente Chaves sorprendió a propios y extraños, por chambón e improvisado. Por la forma descuidada en que se estaría malbaratando una institución pública que resulta sumamente rentable para el Estado costarricense.
Este tratamiento, propio de los tecnócratas de organismos internacionales que aplican las mismas recetas en Indonesia, Burkina Faso o Costa Rica, con total desprecio por la historia, la cultura y la institucionalidad de los países que intervienen, sin duda alguna genera desconfianza.
Al tratar de explicar semejante despropósito, intuitivamente vienen a mi mente dos ideas: fanatismo ideológico y corrupción. Odio a lo público y avidez por los buenos negocios. Dicho de otra forma, más que necesidad de vender el banco público, el deseo incontenible de comprarlo, preferiblemente a precio de baratilla, después de acciones irresponsables que socavan su valor y un proceso de venta cero transparente.
Pero no nos adelantemos. Reconozco que en estas cosas tiendo a ser desconfiado, y la intuición no siempre es buena consejera. El gobierno esgrime una serie de argumentos que intentan justificar su decisión. Mejor analicémoslos:
Impacto en las finanzas públicas
La principal justificación que da el gobierno es el pago de la deuda pública. Con la venta del BCR se generarían $1.750 millones para ese fin. Parece poco probable que esa cifra se concrete. No solo por la forma atropellada en que se anuncia la venta en un contexto mundial que no es el más favorable y las declaraciones diarias del presidente Chaves contra el propio Banco, que más bien parecen dirigidas a ahuyentar a su clientela y abaratar su precio.
Además, hay que considerar el peso que tienen en los ingresos del BCR los servicios que este presta al Estado (solo el manejo de los depósitos judiciales representa un 20%).
Si estos se trasladan al Banco Nacional, como dice el proyecto de ley, habría que replantear las cifras de la venta. Si no se hace, habrá que cuantificar el perjuicio que significaría para el Estado.
Aun aceptando los números alegres, la realidad es que la venta del BCR solo representaría un pequeño pellizco al monto global de la deuda pública, que supera los $40.000 millones. Esta deuda seguiría creciendo si no se toman otras medidas de fondo, que este gobierno tampoco ha querido tomar, como combatir en serio la evasión fiscal y cambiar nuestro injusto sistema tributario.
Solo que ya habríamos perdido un patrimonio que el pueblo costarricense tardó 144 años en construir.
Pero, además, debe incluirse en la ecuación el impacto fiscal de desfinanciar las contribuciones parafiscales que actualmente aporta el BCR como porción de sus utilidades. Casi ¢23.000 millones, que solo en el 2022 se han destinado a financiar las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), los préstamos de Conape, la atención de emergencias y al desarrollo del movimiento cooperativo, y que, de privatizarse el BCR, con toda seguridad irán a los bolsillos de algún grupo financiero transnacional.
El Estado tendría que reponer estos ingresos con nuevos impuestos o, lo más probable, con nueva deuda. Algunos sugieren dejar de financiar esos programas, ignorando el brutal daño social que causarían.
Especialmente sensible es el seguro de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y no sobra recordar que, por norma constitucional, el Estado es solidariamente responsable en su financiamiento (artículo 177).
Impacto en el sector financiero
¿Mejorará el acceso al crédito para la población? ¿Se reducirán las tasas de interés que pagan las personas endeudadas? ¿Aumentará la competencia entre instituciones financieras? Son preguntas necesarias para valorar el impacto de la privatización del BCR en este ámbito. Las respuestas tampoco son favorables.
En nuestro país, los márgenes de intermediación de los bancos del Estado son más bajos que los de la banca privada, a pesar de las cargas fiscales más elevadas que los públicos deben pagar.
También es mucho más bajo el promedio de la tasa activa negociada que cobran los bancos públicos en comparación con los privados: un 45% menor en colones y un 34% menos en dólares en los últimos doce meses.
En un sector que ya está preocupantemente concentrado, la venta del BCR al capital colombiano y centroamericano —como planea el gobierno— solo podría agravar el problema porque debilitaría aún más el contrapeso que ejerce la banca pública.
Función social de la banca pública
Dice el presidente Chaves que el BCR no le ha dado al pueblo “un solo dividendo en su vida” y que “no le está dando crédito a las pymes”, como justificación adicional para que los dividendos se los dejen accionistas de otros países.
La afirmación es falsa, pues el BCR tiene colocados más de ¢31.000 millones en préstamos a pequeñas empresas que difícilmente serían mantenidos por la banca privada.
Asimismo, es el banco con más oficinas en el territorio nacional (166), muchas de las cuales están ubicadas en comunidades rurales que, de lo contrario, no tendrían acceso a la bancarización.
La institución también tiene una participación trascendental en el desarrollo de obra pública. Sin dejar de lado sus cuantiosos aportes a través de las contribuciones de sus utilidades para fines sociales. ¿Qué sería, por ejemplo, de la gente joven de escasos recursos sin los préstamos de Conape que se financian con las utilidades del BCR?
No se trata de romantizar nada. Muchos somos críticos de las reformas que han debilitado la función social de la banca pública y hemos señalado que esta podría hacer mucho más para democratizar el acceso al crédito. Pero podría hacerlo porque, al ser pública, el Estado tiene un margen mayor para intervenir en su regulación y exigirle un mayor compromiso social. No hay posibilidad de que ese margen mejore después de su privatización.
‘Problemas de gobernabilidad y corrupción enorme’
Este último argumento se lo escuchamos al mismo presidente Chaves. El discurso es algo así como “vendamos el BCR para que no se lo roben”. Pero ¿no es a ese mismo presidente al que le toca combatir la corrupción? Aquí, habría una renuncia a cumplir con esta obligación, lo que más bien podría agravarse con el “club de amigos” para ejecutar la venta contenido en el proyecto de ley presentado.
Descartados los demás argumentos, solo nos quedan los propuestos al inicio para explicar este error histórico que debemos combatir con firmeza.
El autor es abogado y exdiputado.
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El presidente Rodrigo Chaves propuso vender el Banco de Costa Rica (BCR) para pagar deuda pública. (Lilly Arce Robles.)
