El equilibrio de los poderes gravita sobre la judicatura

No hay un ejercicio controlado de poderes en la democracia si la judicatura es acosada, descalificada o colonizada.

El poder político autoritario no desea tener controles, ni límites, esa es su misión y vocación natural; por eso, frente a esa tempestuosa voluntad política, el Poder Judicial requiere normas que garanticen su independencia, de lo contrario, se transforma en un poder silencioso, débil, sometido a los embates, urgencias y necesidades del poder político de turno.

Los jueces y juezas deben asumir su independencia, sin importar descalificaciones, amenazas o presiones. Es un compromiso que tienen todos los miembros del Poder Judicial.

La vocación del poder es imponerse, si eso ocurre, la justicia se deforma. Ese es el reto en la defensa de la justicia independiente, lograr respuestas que estén a prudente distancia del tempestuoso poder político, con sus rostros tan variados, tan mutantes. Poder y Justicia, los contrarios que requieren convergencia, evitan que la fuerza de la política, la fuerza de las armas, la fuerza de las decisiones sin motivación, se apropien de la justicia y nos convenzan de mala manera de que lo fuerte es justo y lo correcto. Esperar y respetar la decisión de los jueces es lo que corresponde a los actores políticos y a todos los ciudadanos.

La Constitución

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Es oportuno repasar nuestro diseño constitucional, sobre lo que define la Constitución en la competencia y atribuciones de cada poder del Estado. Una reflexión serena y prudente se impone, porque la división de poderes a veces se toma con una ligereza peligrosa e inconveniente.

Al Poder Judicial, la judicatura, en concreto, le resulta muy difícil polemizar frente a las descalificaciones que pueden darse desde el poder político. Peor aún si las descalificaciones no se basan en hechos concretos o argumentos que cuestionen el fundamento mismo de la decisión.

El principio de separación de poderes es transversal, ningún poder debe tener preeminencia sobre los otros poderes, el órgano electoral, ni las autonomías; ese es el diseño constitucional por el que este país apostó en la Constitución Política de 1949. Fueron las lecciones de la década del cuarenta, cuyo contenido no ha perdido vigencia.

Las actas de la Constituyente brindan criterios relevantes sobre la responsabilidad que tienen los actores políticos para asegurar la independencia de la jurisdicción. Estas valiosas lecciones no pueden ignorarse. No hay duda de que en el fortalecimiento de la justicia se requiere coordinación entre los poderes, así como un respeto por las competencias de cada uno según la Constitución.

La independencia del Poder Judicial, sin excepción alguna, es una garantía de control, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas, es decir, que los procesos judiciales se resuelvan de conformidad con el ordenamiento jurídico y sin injerencia de otros órganos estatales o privados.

El equilibrio de los poderes, en su dimensión social e individual, gravita en la judicatura y —agrego— en la Fiscalía. Los miembros de la judicatura no deben tener ningún temor en resolver conforme al mérito de las pruebas y el contenido del ordenamiento jurídico. Deben resistir los embates de las instancias políticas, hacerlo con firmeza, dignidad y prudencia.

Garantía de justicia imparcial

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Muchos peligros enfrenta un poder que no es un protagonista del poder. Por eso, recuerdo a Pascal, quien afirma en Pensamientos: “la justicia sin la fuerza es impotente; la fuerza sin la justicia es tiránica. La justicia sin fuerza es contestada, porque siempre hay malvados. La fuerza sin la justicia es acusada. Por tanto hay que poner juntas la justicia y la fuerza, y para ello hacer que lo que es justo sea fuerte, o que lo que es fuerte sea justo. La justicia está sujeta a discusión. La fuerza es fácilmente reconocible e indiscutible. Por eso no se ha podido dar la fuerza a la justicia, porque la fuerza ha contradicho a la justicia y ha dicho que era injusta, y ha dicho que ella era la justa. Y así, no pudiendo hacer que lo que es justo sea fuerte, se ha hecho que lo que es fuerte sea justo”.

La independencia judicial es un derecho humano, que no es exclusivo de quienes juzgan, sino que pertenece a toda la ciudadanía en la medida que es una garantía de justicia imparcial, libre de influencias externas, es decir, que los procesos judiciales se resuelvan de conformidad con el ordenamiento jurídico.

La independencia judicial debe ser catalogada de “interés difuso”, pues su titularidad la ostentan todos los ciudadanos. Los fallos judiciales requieren crítica y cuestionamiento, pero las objeciones deben ser fundadas en los hechos o las normas aplicables al caso, sin expresar descalificaciones generales.

El diálogo entre poderes, tan edificante, requiere que las objeciones a los fallos judiciales sean bien fundadas. Las críticas de un parlamentario o de un miembro prominente del Poder Ejecutivo tienen especial relevancia, por eso su voz debe elevarse con argumentos que permitan fortalecer la justicia y no descalificarla con insinuaciones sin sustento.

Todos los integrantes de la judicatura y de la Fiscalía deben asumir un compromiso con su independencia, ejercerla con responsabilidad, probidad e imparcialidad, sin temer a las presiones y descalificaciones, aunque provengan de las más altas esferas de la política o de las élites de poder.

La independencia es la carta de presentación de un poder judicial en una democracia, sin ceder a las presiones, amenazas o descalificaciones. Sin una judicatura y una Fiscalía independientes, no hay democracia, no hay equilibrio de poderes.

Cada juez, jueza, fiscal y fiscala deben asumir ese compromiso, así aseguran la vigencia de la democracia, cuya existencia no depende de los apasionados mandatos que expresan los poderes formales o fácticos. Resistir presiones y descalificaciones respondiendo con sapiencia, firmeza e imparcialidad es la ruta definida para todos los miembros de la judicatura y de la Fiscalía.

El autor es magistrado constitucional.