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Abogados: Banco estaba consciente de que no procedía pagar el 60% de los planos porque faltaba el visto bueno de Patrimonio

BCR objetó polémico pago de ¢385 millones por nuevo edificio de la Asamblea

Actualizado el 20 de octubre de 2016 a las 05:55 pm

Alegan que la entidad terminó girando el dinero por orden del Directorio legislativo del periodo 2014-2015

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BCR objetó polémico pago de ¢385 millones por nuevo edificio de la Asamblea

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De izquierda a derecha, Julio Cedeño, gerente de la Unidad Administradora del Proyecto, y Eduardo Ramírez, José Andrés Víquez y Roy Benamburg, del BCR, comparecieron este jueves en la Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público. (Adrian Soto)

Aunque terminó girando el dinero, el Banco de Costa Rica (BCR) aseguró este martes que se opuso al polémico desembolso de ¢385 millones que la Contraloría General denunció, como un "pago indebido", dentro del proyecto para construir un nuevo edificio a la Asamblea Legislativa.

Eduardo Ramírez, asesor legal del BCR, aseguró ante los diputados que el Banco se vio obligar a girar el dinero por “orden” del Directorio legislativó que llevó las riendas del Congreso de mayo del 2014 a abril del 2015, el cual estaba integrado por Henry Mora, del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), y Luis Vásquez y Jorge Rodríguez, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Ellos, dijo el abogado, exigieron al BCR desembolsar al arquitecto Javier Salinas el 60% del monto pactado por la elaboración de los planos de un primer edificio, a pesar de que el profesional no cumplió uno de los requisitos establecidos en el contrato para cobrar la totalidad de los honorarios: obtener el permiso del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Costarricense (CICPC), en vista de que la obra se levantaba sobre edificios patrimoniales.

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El Banco de Costa Rica administra el fideicomiso bancario que financia el proyecto con recursos que deberá pagar la Asamblea. Por ello, le corresponde hacer los pagos a proveedores.

“La posición del Banco era de no pagar hasta que no estuviera eso (el aval de Patrimonio). Pero hubo una orden del Directorio, porque estaba claro que el Banco no estaba pagando por esa razón..., por eso es que se emite la orden. Si no, no se hubiese emitido”, expresó Ramírez.

Esas declaraciones las dio Ramírez a La Nación, luego de comparecer ante la Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público junto con otros funcionarios de la entidad bancaria, quienes fueron llamados a explicar el manejo de los recursos dentro del proyecto para la construcción del nuevo edificio para el Congreso.

Ramírez agregó que, una vez que se giró la orden, el Banco no hizo más cuestionamientos, pues el Directorio Legislativo alegó que acordaron girar los recursos a Salinas con base en una asesoría de la Contraloría General de la República (CGR).

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No obstante, fue la propia contralora general, Marta Acosta, quien llegó al Congreso la semana pasada a denunciar que el pago fue improcedente, porque no se cumplieron las condiciones requeridas en el contrato para construir el edificio, el cual fracasó en este primer intento por problemas con los edificios patrimoniales.

El abogado del BCR agregó: “El banco no podía decir tampoco que no podía acatar la orden, en virtud de que había una resolución, porque no se había llegado a esa etapa. No se había hecho un procedimiento para establecer que había un incumplimiento. Además, ellos (el Directorio) argumentaron que se habían asesorado con la Contraloría General. Ahora ¿cuál fue el alcance de esa?, en eso nosotros no participamos”, añadió Ramírez.

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La orden de pago girada al BCR se acordó en la sesión del 27 de abril del 2015. Ese día también se consensuó modificar al contrato para rediseñar el proyecto del nuevo edificio legislativo con un segundo diseño, también a cargo del arquitecto Salinas.

Por esa vía, el Directorio de esa época encomendó al profesional el diseño, los planos y la supervisión del nuevo inmueble, sin mediar un concurso previo.

Según el abogado de fideicomisos del BCR, Carlos Arguedas, no era necesaria una licitación pública para un segundo diseño, pues lo que se hizo fue una modificación contractual. Alegó que el procedimiento lo avala una sentencia de la Sala Constitucional, del año 1998.

En defensa del alza. En la comparecencia, de la tarde de este jueves, también participó Julio Cedeño Maglione, director de la empresa Novatecnia y gerente de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP).

Él defendió el incremento de casi ¢13.500 millones que surgió en el proyecto sobre el presupuesto pactado en un principio para el nuevo edificio legislativo de unos 50.000 metros cuadrados.

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En 2011, cuando se firmó el contrato, el presupuesto era de ¢41.000 millones y, a la fecha, asciende a ¢54.500 millones.

Según Cedeño, ambos presupuestos no son comparables, ya que el que se previó hace cinco años era una estimación y no incluía gastos asociados a la construcción, como costos financieros, costos de la unidad administradora del proyecto, comisiones del fiduciario (BCR), gastos legales, auditorías externas y estudios de topografía, entre otros.

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“Hay que entender que esa estimación del 2011 se hizo sin tener un plano constructivo para presupuestar. Tampoco se tenía, en ese momento, un programa de necesidades establecido como sí se tiene ahora, cinco años después. En el año 2016, a diferencia de lo que se tenía de monto de referencia, ahora contamos con un plano constructivo y un programa de necesidades plenamente establecido por parte de la Asamblea Legislativa como fideicomitente. Ese monto de referencia que habla el contrato del fideicomiso no debería ser comparado con un presupuesto de hoy”, aseveró Cedeño ante los diputados.

En la comisión, el diputado Otto Guevara, jefe de la fracción del Movimiento Libertario, dijo que enviará una nota al director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, solicitando que se suspenda el proyecto de construcción del edificio.

“Ese proyecto nació mal, no pinta bien, hay que suspenderlo”, afirmó Guevara.

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Natasha Cambronero

natasha.cambronero@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en la sección de Política. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Escribe sobre el quehacer de los partidos políticos y el financiamiento electoral, entre otros temas.

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