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La contralora general de la República, Marta Acosta, denunció que tres diputados ordenaron pagar, de manera indebida, $690.000 (¢385 millones) dentro del proyecto para la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa.
Se trata de los legisladores Henry Mora (del PAC), Luis Vásquez y Jorge Rodríguez (del PUSC), quienes integraron el primer Directorio de este periodo legislativo, que operó de mayo del 2014 a abril del 2015.
Esta tarde, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, la contralora denunció que, en abril del 2015, el Directorio ordenó al BCR girar al arquitecto contratado para la obra, Javier Salinas, el 60% del monto pactado por la elaboración de los planos de la construcción, pese a que él no había obtenido los permisos respectivos.
El problema, dijo Acosta, es que el reglamento del fideicomiso que administra el proyecto, desde el Banco de Costa Rica (BCR), establece que ese porcentaje solamente se debía girar si el arquitecto conseguía los permisos a satisfacción, lo cual no sucedió por la oposición del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Costarricense (CICPC).
“El BCR pagó el equivalente al 60% restante del precio del contrato, a pesar de que en definitiva la denegatoria del permiso por parte del CICPC hacía imposible tener por cumplida la obligación del contratista y, al mismo tiempo, impedía la recepción a conformidad del objeto”, dijo la contralora.
El 40% restante ya se había pagado por la aceptación de los planos.
En agosto del 2014, la entonces ministra de Cultura, Elizabeth Fonseca, comunicó al Congreso que confirmaba el rechazo del CICPC por considerar que el edificio propuesto por Salinas, que se levantaba por encima del Congreso actual, era lesivo para los edificios patrimoniales a su alrededor.
El pago al contratista cuestionado por la contralora se acordó en la sesión 57-2015, del 27 de abril del 2015, donde además se estableció una modificación al contrato para rediseñar el proyecto del nuevo edificio legislativo, junto a un reconocimiento adicional al arquitecto Salinas.
Tal como consta en dicha acta y en la presentación de la contralora, ese pago adicional por modificación del diseño alcanzó $825.000 por honorarios, tiempos caídos y ampliación del contrato. Fue así como se elaboró una nueva propuesta de edificio que se levantaría, en forma de torre, en terrenos adquiridos al oeste del Congreso actual.
A tal punto llega la preocupación de la Contraloría que, en su criterio, con el pago de ese 60% se produjo una eventual afectación a la Hacienda pública y por eso le pidió al Directorio actual de la Asamblea Legislativa determinar las responsabilidades civiles por dicha orden, así como cobrarle al contratista ese dinero para retribuírselo al patrimonio público.
Después de la comparecencia de la contralora, los diputados cuestionados emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron como "apropiado" que se constituya un órgano director para que determine las responsabilidades civiles que correspondan.
Irregularidades.
La contralora habló también de una serie de irregularidades encontradas en el análisis de diferentes documentos que solicitaron a las unidades encargadas del proyecto, como el fiduciario (BCR), la unidad administradora del proyecto (UAP) y el fideicomisario y fideicomitente (ambas funciones en manos de la Asamblea Legislativa).
De hecho, de las 34 contrataciones por bienes y servicios que a la fecha se han realizado dentro del proyecto, 24 de ellas presentan irregularidades:
-En cuatro contrataciones directas no constan documentos que las autoricen.
-Hay 13 contrataciones sin solicitud de materiales, bienes o servicios.
-Hay cuatro contrataciones sin términos de referencia conforme el reglamento, y tres sin evidencia del respectivo contrato.
Por otra parte, el Comité de Vigilancia integrado por tres personas, una del Banco, otra de la Asamblea y otra externa, no cumplió a cabalidad con sus funciones, denunció la contralora, porque no habría participado en el análisis de los informes financieros ni de gestión de la iniciativa, no dio un seguimiento de temas críticos, ni se reunió durante cuatro meses (febrero a mayo del 2015), "a pesar de que en esas fechas se tomaron decisiones importantes para el desarrollo del proyecto".
Los diputados reaccionaron sumamente escandalizados por todas las situaciones denunciadas por la contralora, en particular porque, en un documento de la Unidad Administradora del Proyecto, se reevalúa el costo del nuevo edificio ya no en los $60 millones originales, sino en más de $100 millones.
Incluso, el diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario, leyó parte del acuerdo 50-2015, del Directorio legislativo, en que aceptó modificar el reglamento del fideicomiso para obviar el concurso para el nuevo diseño, luego de que el primero resultó fallido, por razones "de conveniencia".
En cuanto a los aspectos de esta segunda etapa, la contralora evitó referirse a profundidad, por dos razones: primero, porque hay una investigación preliminar en la Dirección Jurídica de la Contraloría sobre ese asunto, y segundo, porque el Ministerio Público está tras la pista de una denuncia contra el Directorio legislativo de Henry Mora, Luis Vásquez y Jorge Rodríguez.
En su comunicado conjunto, los tres congresistas también celebraron que el actual Directorio tome las medidas que correspondan para solventar las debilidades administrativas cometidas en el manejo del fideicomisopara la construcción del edificio legislativo.
"Es importante señalar que el cobro efectuado por el contratista se acercaba casi a $1,5 millones, pero la negociación realizada por parte del personal técnico y el fideicomiso permitió reducirlo a $825.000. Desde el 2011 este proyecto ha estado a cargo de un fideicomiso y está acompañado por una comisión interdisciplinaria de funcionarios legislativos que han asesorado y dado seguimiento a lo actuado", justificaron los legisladores.
