Las instalaciones modernas no garantizan que los empleados cuenten con condiciones adecuadas para hacer mejor su trabajo.
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La contralora general de la República, Marta Acosta, denunció que tres diputados ordenaron pagar, de manera indebida, $690.000 (¢385 millones) dentro del proyecto para la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa.