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Este es el diseño de una nueva Asamblea Legislativa que el Centro de Conservación del Patrimonio rechazó en definitiva en agosto del 2014. (Albert Marín.)
La ministra de Cultura, Elizabeth Fonseca, rechazó de nuevo el permiso para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, en manos del arquitecto Javier Salinas.
La jerarca tenía bajo estudio un recurso extraordinario de revisión presentado por el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011 presentado por el vocero del Banco de Costa Rica (BCR), Leonardo Acuña.
En el por tanto que Fonseca comunicó al Directorio legislativo esta tarde, informó que su decisión confirma en todos sus extremos la denegatoria para la supuesta intervención de edificios patrimoniales que, a criterio del Centro de Investigación y Protección del Patrimonio Arquitectónico, se verían afectados por la construcción del nuevo parlamento.
"Por cuanto la ejecución de las obras se considera lesiva para estos", cierra la denegatoria de Fonseca.
El recurso de revisión lo pidió el BCR con base en un informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con el cual avalaron la construcción del gigante legislativo, por considerar que no afecta el paisaje patrimonial.
Plan B
El diputado Jorge Rodríguez, segundo secretario del Directorio legislativo, dijo que ante la denegatoria de Fonseca, que ya la preveían, buscarán eludir la falta del permiso de Patrimonio por vía legal.
"El presidente (Luis Guillermo Solís) sí está de acuerdo con la construcción del edificio, entonces vamos a pedirle que convoque el proyecto de ley para levantar esa prohibición", dijo Rodríguez.
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El actual edificio del Congreso tuvo una orden sanitaria, del Ministerio de Salud, en el 2010. (Gesline Anrango.)
El pronunciamiento de la ministra confirmó los oficios del 17 de febrero, el 26 de febrero y el 31 de marzo del 2014, las dos primeras del Centro de Patrimonio y la última del anterior jerarca de Cultura, donde se rechaza otorgar el permiso para la construcción.
Fonseca sigue, además, los pasos del exministro Manuel Obregón de no extender el permiso para la construcción de un nuevo Congreso.
Entre los argumentos que se dieron en esos documentos, se dijo que la construcción de un edificio de oficinas para los diputados, de 170 metros de largo, 25 de alto y 17 de ancho, opacaría tres edificios que son patrimonio.
Esas construcciones son el edificio legislativo principal, la Casa Rosada y el edificio Sión. Se incluye en la afectación el Castillo Azul, sede de la presidencia legislativa, aunque esta casa centenaria no ha sido declarada como patrimonio arquitectónico.
El diseño del arquitecto Javier Salinas implica un costo de $76 millones en obra nueva y $5 millones en restauración de las oficinas antiguas.
Se intentó conversar con la ministra Fonseca; sin embargo, no contestó su teléfono celular.
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