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Dependencia de Contraloría pidió, en diciembre, investigación en el Congreso sobre construcción de edificaciones temporales para funcionarios y diputados; anteriores autoridades nunca respondieron ni, al parecer, tramitaron las pesquisas.

El nuevo edificio para la Asamblea Legislativa le costaría al Estado cerca de ¢13.500 millones más de lo que pactaron el Banco de Costa Rica y la administración del Congreso en el 2011, cuando firmaron el contrato de fideicomiso.

Los tres integrantes del Directorio legislativo que gobernó el Congreso entre mayo del 2014 y abril del 2015 deberán comparecer ante la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Público, para explicar los pagos indebidos realizados al contratista del proyecto del nuevo edificio de la Asamblea.<div></div>