Exdirectorio deberá rendir cuentas sobre pago indebido por edificio legislativo

El jueves, ese foro parlamentario aprobó de forma unánime una moción para llamar a rendir cuentas a los diputados Henry Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como Luis Vásquez y Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Además, deberá ir a la audiencia el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, para explicar junto con los legisladores las razones de adoptar un acuerdo, el 27 de abril del 2015, que ordenó pagarle al contratista del proyecto, el abogado Javier Salinas Guerrero, un monto de casi $700 mil.

Así se desprende de la comparecencia de la contralora general de la República, Marta Acosta, quien el jueves denunció ante los diputados que ese pago fue indebido, pues ese monto (60% del pago por los planos de la obra) solo se debía cancelar si el contratista cumplía con el requisito de presentar todos los permisos respectivos para la construcción.

Sin embargo, Salinas no logró conseguir -en febrero del 2015- el permiso del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Costarricense (CICPC). Aún así, en abril de ese mismo año, los legisladores al mando del Congreso y actuando en nombre de la Asamblea como fideicomitentes y fideicomisarios, aprobaron el acuerdo para que el mismo arquitecto, sin concurso, rediseñara la obra y que se le pagara el monto total de los primeros planos, sin haber cumplido con la reglamentación establecida.

En su presentación, la contralora explicó que envió un oficio al Directorio actual de la Asamblea Legislativa para cobrar ese dinero pagado de forma indebida y establecer las responsabilidades civiles por esos actos realizados por los congresistas Mora, Vásquez y Rodríguez.

Estos legisladores aseguraron el jueves, mediante comunicado de prensa -pues no aceptaron consultas directas- que pedían la creación de un órgano director para que haga un procedimiento administrativo y que siente las responsabilidades civiles.

"La decisión de replantear la propusta arquitectónica original para superar los obstáculos que se enfrentaban permitió solventar tanto el tema de patrimonio histórico como acelerar el avance del proyecto del edificio, pues la alternativa representaba enfrentar un litigio judicial que podía prolongarse por años y elevar considerablemente el costo total del edificio", justificaron en esa nota de prensa los parlamentarios.

Además de los diputados, también deberá asistir a comparecencia en el Congreso el Comité de Vigilancia, integrado por tres miembros, uno por el Banco de Costa Rica (fiduciario del proyecto), otro del Congreso y uno de la Unidad Administradora del Proyecto.

En cuanto a ese comité, la contralora Acosta aseguró que no fungió como debía y que, incluso, durante los meses más críticos del proyecto, entre febrero y mayo del 2015, ni siquiera se reunió.

Entre otros de los problemas señalados por la Contraloría, está la existencia de 24 contrataciones con múltiples irregularidades y problemas en el manejo del fideicomiso por parte del BCR, que también solicitó a la entidad bancaria atender de forma inmediata, para mejorar la situación administrativa del fideicomiso.

En cuanto a lo que le toca a la Contraloría, aún está en curso una investigación en su División Jurídica, con el fin de determinar eventuales irregularidades en la contratación de los segundos planos para el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa.

Además, envió informe de los recabado en torno a este proyecto al Ministerio Público, en cuyas manos hay una investigacióni contra los miembros del antiguo Directorio legislativo, luego de que se presentó una denuncia anónima.