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Directorio evalúa opciones para rescatar proyecto

Asamblea Legislativa perdería $3 millones si fracasa plan para nuevo edificio

Actualizado el 24 de mayo de 2014 a las 12:00 am

BCR explicó a los diputados obligación de reconocer gastos ejecutados hasta hoy

Autoridades de la Asamblea quieren seguir adelante con el diseño ganador

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Asamblea Legislativa perdería $3 millones si fracasa plan para nuevo edificio

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El 31 de enero del 2013, autoridades del Congreso y del Banco de Costa Rica anunciaron el diseño ganador para el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Hoy, la falta de permisos tiene a la obra en coma. | ALBERT MARÍN.

El Congreso costarricense perdería $3 millones (¢1.680.000.000), si fracasa el proyecto para la construcción de su nueva sede.

La cláusula 30.1 del fideicomiso por $76 millones que opera el Banco de Costa Rica (BCR), establece que las autoridades legislativas asumirán todos los gastos en que incurra la entidad financiera si se decide finalizar el contrato por adelantado, aunque no se haya construido la obra.

En febrero pasado el Centro de Conservación del Patrimonio negó el permiso para la construcción del nuevo inmueble, pues alegó que el diseño ganador pondría en riesgo edificios patrimoniales que son propiedad del Congreso y que además se opacaría la belleza de estas estructuras.

Para ese entonces, el proyecto ya había consumido $3 millones.

De ese monto, el BCR ha pagado $1.382.102 (¢773.977.120) a la firma Javier Salinas Arquitectos, que presentó el diseño ganador del concurso convocado por el fideicomiso bancario.

Aunque un tribunal acogió una solicitud de medida cautelar para que se detuvieran los pagos a la firma Salinas, presentada por el arquitecto Rodrigo Carazo Ortiz –quien obtuvo el segundo puesto en el concurso–, esos giros se habían suspendido tras la negativa de permiso por parte de Patrimonio.

Autoridades del BCR se reunieron este jueves con los miembros del Directorio de la Asamblea Legislativa para exponerles la situación actual del proyecto y la obligación de reconocer los gastos ejecutados hasta ahora.

Leonardo Acuña, subgerente del Banco, explicó que el contrato de fideicomiso no establece una indemnización ante la eventualidad del fracaso del plan, pero sí obliga a que se asuman todas las obligaciones, honorarios y gastos que se hayan contraído.

El objetivo de esa cláusula es no causar daños o perjuicios a los inversionistas que sostienen ese instrumento financiero.

Para dar contenido económico al proyecto, el BCR hizo una primera colocación de bonos entre inversionistas por $5,5 millones (¢3.080.000.000).

Objeción. El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, afirmó que es difícil establecer, por ahora, si el proyecto va o no va.

Además, Ayales dudó de que se tenga que pagar todo lo que el banco ha gastado hasta el momento y aseguró que eso lo tendrían que estudiar los abogados del Legislativo, de ser necesario.

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“¿Por qué lo va a pagar la Asamblea? En el contrato se establece que se cancelen todos los gastos de construcción de un edificio, pero ni se ha podido construir”, alegó.

El diputado Luis Vásquez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y primer secretario del Directorio, señaló que los congresistas estiman urgente salvar el proyecto para la nueva sede.

“El presidente (Henry Mora) y yo nos asustamos, porque nos hablaron hasta de que había una cría de gatos (en el edificio legislativo). Creímos que era broma, pero es verdad”, manifestó.

Vásquez alertó el jueves del compromiso económico que podría significar para el Estado no seguir adelante con la obra.

En tanto, las opciones que evalúan son, en primera instancia, que la ministra de Cultura, Elizabeth Fonseca, revierta la negativa del Centro de Patrimonio, mientras que la segunda sería aprobar un proyecto de ley para eludir esa negativa, con base en un estudio técnico.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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