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El 30 de junio el presidente Solís participó en una misa en honor al papa Francisco, con los obispos José Manuel Garita, José Fco. Ulloa, Óscar Fernández y Ángel San Casimiro. | MELISSA FERNÁNDEZ (MELISSA FERNANDEZ)
La Iglesia católica pegó el grito al cielo por el proyecto de Ley de Igualdad Religiosa que impulsa el gobierno de Luis Guillermo Solís, el cual obligaría al Estado a regular y a apoyar a otras religiones .
Los obispos católicos argumentan que el plan permitiría la injerencia del Estado en asuntos religiosos, pese a que por décadas su congregación ha recibido ayudas económicas por parte del Poder Ejecutivo y ha logrado introducir su doctrina en las escuelas públicas.
Tal injerencia permitiría al Estado declarar qué religiones pueden o no operar en el país, lo que a criterio de la jerarquía católica es una forma de discriminación.
El obispo de Puntarenas, Óscar Fernández Guillén, quien es presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, cuestionó los beneficios que la iniciativa otorgaría a otras denominaciones y el hecho de que la Iglesia católica quede excluida de estos.
“El Estado no debe tener ninguna política en materia religiosa salvo el respetar y promover la libertad de todos”, señaló el pastor en un documento de página y media enviado a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, donde los diputados discuten el proyecto.
La plan de ley pretende crear una dirección de asuntos religiosos en el Ministerio de Justicia y Paz, que se encargaría de llevar un registro de las iglesias existentes, y obligaría al Estado a facilitar el funcionamiento de sus templos.
Los que tengan más de 10 años de operar recibirían los permisos de Salud de manera automática.
El Gobierno también garantizaría la enseñanza de otras religiones en escuelas y colegios, aunque la iniciativa no especifica si los profesores y materiales serían financiados con recursos públicos.
Actualmente, solo la Iglesia católica goza de beneficios económicos directos por ley.
Solo en los últimos seis años, el Gobierno presupuestó recursos por ¢4.000 millones
No rotundo. Lejos de apoyarla, la Conferencia Episcopal criticó con dureza el plan.
“El citado proyecto, antes que proporcionar un ordenamiento jurídico que cumpla su deber de respetar y defender la dignidad de todos y la efectiva tutela de este derecho fundamental, enfatiza la seguridad jurídica y el apoyo económico del Estado a un sector, en menoscabo de los otros”, apunta el documento firmado por Fernández.
El obispo califica de “preocupante” que se aluda a una “política de Estado en materia religiosa”.
Además, considera que si un Estado puede decir cuáles iglesias pueden operar y cuáles no, se podría generar una discriminación a los credos y atenta contra la libertad religiosa.
Los diputados evangélicos de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, y de Renovación Costarricense, Gonzalo Ramírez, apoyan el plan de ley.
Los legisladores aducen que es una regulación necesaria previo a la negociación de un concordato (acuerdo) entre el Vaticano y el Gobierno para declarar a Costa Rica como Estado laico.
La iniciativa, promovida durante el Gobierno anterior por el entonces diputado y pastor evangélico, Carlos Avendaño, cuenta con el visto bueno del ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, quien es obispo de la Iglesia luterana y quien actualmente goza de un permiso para desempeñarse en la Casa Presidencial.
Por su parte, el diputado de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, considera que la iniciativa no debería abrir conflictos con la Iglesia católica.
Necesidad. En el fondo, el proyecto refleja la necesidad de que el Gobierno apresure la reforma para declarar el país como Estado laico; es decir, sin religión oficial.
Para llegar a este punto es necesaria una reforma al artículo 75 de la Constitución Política, que debe aprobarse en dos legislaturas distintas.
Si bien en los gobiernos de Óscar Arias (2006-2010) y Laura Chinchilla (2010-2014) se coincidió con la jerarquía católica en la necesidad de declarar el país Estado laico, lo cierto es que la modificación constitucional no se tramitó.
“Considero que si está en discusión la confesionalidad del Estado costarricense, una eventual ley sobre esta materia deberá fraguarse dentro de un nuevo marco jurídico”, agregó el obispo Fernández.
