El bloque de cinco diputados evangélicos le marca la cancha al Poder Ejecutivo sobre lo que considera debe ser el Estado laico: uno que no tenga fe oficial, pero que tampoco saque a Dios de ninguna parte.
Así lo explicó el legislador de Renovación Costarricense, Gonzalo Ramírez, quien forma parte de ese frente cristiano, cuyo objetivo es la votación de un plan de ley de igualdad religiosa, que garantizaría una serie de derechos a todos los grupos e iglesias en el país.
El proyecto número 19. 099 supone el mejor de los escenarios para los legisladores evangélicos.
Ramírez y su compañero Abelino Esquivel; Fabricio Alvarado de Restauración Nacional, Mario Redondo de la Alianza Demócrata Cristiana y Óscar López de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), coinciden en que, por primera vez, el bloque religioso tiene el músculo para proponer su agenda.
Los congresistas evangélicos quieren que el Estado costarricense deje de ser católico confesional, pero se mantienen las alusiones a Dios en todos los demás sentidos.
“Nosotros estamos en contra del Estado laico, cuando hablamos del laicicismo. El Estado laico, a nosotros, nos beneficiaría, pero el sacar a Dios de cualquier lugar es lo que no queremos”, dijo Ramírez.
Mientras esperan a que la Iglesia católica y el Poder Ejecutivo negocien un acuerdo (concordato) para que Costa Rica deje de ser un Estado confesional católico, ellos allanan el camino para un nuevo orden jurídico, en el que no haya religión oficial, sino apoyo del Estado a todos los credos religiosos.
Para ello, necesitan la aprobación del texto 19.099. El plan podría contarse como un anhelo de los legisladores, pero un detalle del tamaño de la catedral lo pone en el tintero: el Poder Ejecutivo lo envió al Congreso como una de sus prioridades para el periodo de sesiones extraordinarias de agosto (del 1.° de agosto al 31 de agosto).
A esto se suma la buena relación que el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, dijo tener con los parlamentarios evangélicos.
La propuesta de esta visión de Estado no es ajena al presidente Luis Guillermo Solís, quien el 8 de abril afirmó que quiere un Estado laico “pero con Dios”.
No una, sino muchas. De aprobarse el proyecto, el Estado costarricense ya no se preocuparía solo de una religión, sino de muchas.
El plan de ley establece que el gobierno debe generar nueva estructura burocrática, que se ocupe de asuntos religiosos desde el Ministerio de Justicia.
La intención es crear una dirección general de asuntos religiosos, que contaría con un registro de iglesias y se obligaría al Gobierno a facilitar el funcionamiento de los centros de oración.
Además, se garantiza la enseñanza de religiones, sin especificar si los centros educativos del Estado deben sufragar la inversión en nuevos profesores y materiales.
Por otra parte, dispone que los templos con más de 10 años de funcionar tendrían permisos de Salud automáticamente, salvo que existan riesgos para la seguridad en la edificación.
Los juramentos para nombrar funcionarios de Estado también quedarían a la libre y, cada cual, juraría por el Dios en el que cree.
La idea de los cristianos es votar el plan antes de que se modifique la Constitución Política para eliminar la fórmula de Estado confesional vigente.