Washington
El nuevo decreto del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre inmigrantes y refugiados de seis países musulmanes fue suspendido por un juez federal de Hawái, horas antes de que entrara en vigor y a la espera de otros dos fallos judiciales en Maryland y Washington.
El magistrado Derrick Watson argumentó que su medida, que es válida en todo el país, evitaría "daños irreparables" y descartó que una apelación de emergencia pueda revertir su decisión.
Dijo además que Hawái sufriría financieramente si la orden ejecutiva bloquea el flujo de estudiantes y turistas al estado, y concluyó que Hawái probablemente tendrá éxito en su reclamación de que la prohibición viola protecciones de la Primera Enmienda contra discriminación religiosa.
"Lo ilógico de las argumentaciones del gobierno es palpable", escribió Watson. "El concepto de que uno puede demostrar animosidad hacia cualquier grupo de personas solo apuntando a todos directamente es fundamentalmente defectuoso".
La nueva orden ejecutiva -firmada por el presidente lejos de las cámaras de televisión hace ocho días- entraba en vigor el primer minuto del jueves. Cerraba las fronteras a los refugiados por 120 días y congelaba la entrega de visas a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por 90 días.
Irak, que había sido incluido en la lista del primer decreto, fue excluido de la versión revisada.
Trump ya afirmó que la nueva orden migratoria corrige aspectos poco claros de la primera versión y, por lo tanto confiaba, que sería prácticamente imposible que una corte lo suspendiera.
La reacción del mandatario al pronunciamiento del juez de Hawái no tardó en llegar: condenó la "defectuosa" decisión judicial y prometió defende su decreto hasta la última instancia judicial, la Corte Suprema, si fuera necesario.
"Este fallo nos hace ver débiles, que, por cierto, ya no lo somos", dijo el mandatario en un acto político en Nashville, Tenesí.
"Vamos a pelear este fallo terrible, vamos a llevar este caso tan lejos sea posible, incluyendo todo el camino hasta la Corte Suprema. Vamos a ganar", agregó.
Entretanto, el juez Theodore Chuang, de un tribunal federal en Greenbelt, Maryland, debía anunciar este mismo miércoles su decisión sobre otro recurso pidiendo la suspensión del decreto, tras una sesión de 90 minutos de debates realizada más temprano.
De acuerdo con la mecánica judicial estadounidense, un juez federal puede suspender parcial o completamente la aplicación de un decreto, en una decisión que tiene alcance nacional.
Trump firmó un decreto similar el 27 de enero, apenas una semana después de su investidura, pero fue bloqueada por el juez James Robart, de Seattle, ante quien una vez mas los estados de Washington, California, Massachusetts, Oregón, Maryland y Nueva York sometieron el caso el lunes.
Debido a que inició los procedimientos para bloquear el primer decreto migratorio de Trump, el magistrado Robart ha sido objeto de la ira del presidente, quien en la red social Twitter se refirió a él como "dizque juez ".
La decisión de Robart fue luego ratificada por una corte de apelaciones.
El fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, calificó el fallo de Watson como "una nueva victoria para la Constitución y el Estado de derecho".
La nueva orden ejecutiva "es una prohibición a musulmanes con otro nombre con el mismo objetivo ilegal e inconstitucional de discriminar basado en religión y país de origen", añadió.
La legión de abogados del Departamento de Justicia presentó argumentos para recorrer tribunales en defensa de la decisión presidencial de cerrar las fronteras del país a refugiados e inmigrantes de los seis estados afectados por el decreto.
A diferencia del primer decreto, que tenía vigencia inmediata y generó una monumental confusión en aeropuertos de todo el país, esta vez el gobierno retrasó algunos días la entrada en vigor para preparar a su equipo y tenerlo listo para las batallas legales que se avecinan.
Alegatos del gobierno. El gobierno envió una carta al juez federal de Hawái, tierra natal del expresidente Barack Obama y un bastión del Partido Demócrata, en la que presentó su defensa.
La decisión de restringir el acceso de ciertos extranjeros, argumentó, se apoya en "el ejercicio válido de la autoridad presidencial, conforme a la ley" y ha reiterado que el decreto no tiene motivación religiosa.
Pero Watson escribió en su fallo que la "ilógica" del argumento era "palpable".
Indicó que no estaría errado "concluir que poner estos países en la mira es lo mismo que poner en la mira al islam" pues su población musulmana sobrepasa el 90%.
El secretario de Estado, Rex Tillerson, aseveró que la orden era "vital" para la seguridad nacional, ante la existencia de amenazas que no cesan.
Sin embargo, en todo el país se alzan numerosas voces que cuestionan esa urgencia y en cambio argumentan que la medida discrimina de forma clara a musulmanes, al tiempo que recuerdan que las leyes prohíben la segregación por cuestiones religiosas.
Desde los atentados en Nueva York y Washington en setiembre del 2001, todos los ataques graves perpetrados en Estados Unidos fueron obra de estadounidenses o de personas provenientes de países que no son los seis ahora incluidos en el decreto presidencial.