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"Insisto, el pago de prohibición está apegado a la legalidad". La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, se aferra a su interpretación legal para defender el incentivo de más de ¢800.000 mensuales, por prohibición, pese a que la procuradora adjunta considera que una persona sin título no calificaba para ello.<div></div>

De acuerdo con la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas, una viceministra egresada de la licenciatura en Derecho, como es el caso de Zúñiga, no puede acceder al incentivo de prohibición equivalente a un 65% del salario. Sí podría cobrar otra compensación, pero equivalente al 45% de su sueldo base.

En un video que circula en redes sociales, la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, se refierió de forma despectiva de los diputados.