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Costa Rica enfrenta un déficit fiscal estructural de sus finanzas públicas, que amenaza con la estabilidad y sostenibilidad de nuestro desarrollo. La reforma fiscal debe atenderse de manera integral, lo que implica considerar la recaudación, el gasto público, la administración tributaria y aduanera incluyendo el combate a la evasión, la elusión y el contrabando, así como el financiamiento de la deuda pública a mediano y largo plazo.