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Treinta funcionarios de la Asamblea Legislativa recibieron en total ¢330 millones como incentivo para que se acogieran a la movilidad laboral pese a que todos ellos ya estaban listos para pensionarse, con edades entre los 60 y los 68 años.

La conclusión es clara: el uso del poder o de recursos públicos para favorecer intereses privados, a contrapelo del bien común, se mantiene como una recurrente distorsión legislativa. Esto se llama clientelismo.

Luego de varios meses de solicitar el beneficio, la exdiputada Gloria Valerín Rodríguez obtuvo el permiso del Directorio legislativo para acogerse a la movilidad laboral y retirarse del Congreso con un pago de casi ¢60 millones.