Por: Eduardo Ulibarri 3 junio, 2016

Cinco casos: 1. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto para privatizar la calle 13 bis de San José y entregarla a un grupo de comerciantes de artesanía. 2. En dos ocasiones, el diputado Gerardo Vargas, del Frente Amplio, impulsó los intereses de empresarios de buses ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). 3. Una de sus compañeras, Ligia Fallas, usó el disfuncional reglamento legislativo para bloquear el trabajo de las comisiones plenas.

4. En lugar de pensionarse buenamente, la exdiputada del PUSC y una de las más altas funcionarias de la Asamblea, Gloria Valerín, se acogió a la movilidad laboral y recibirá varios millones adicionales. 5. Jorge Rodríguez, díscolo legislador del mismo partido, resucitó, con apoyo del Gobierno, la práctica de las partidas específicas en el presupuesto del 2017, esta vez con el disfraz de aporte comunal.

Servicios Técnicos de la Asamblea dictaminó que, entre otros vicios, el regalo de la calle 13 bis viola los “principios de razonabilidad”; además, sería una catástrofe urbanística, pero pocos diputados se atreven a sepultar la iniciativa. Vargas insiste en que él no defendió a “las empresas” de los autobuseros en la Aresep, pero sí lo hizo con el modelo tarifario que el gremio impulsa, contra los intereses de los usuarios. Fallas, más transparente, al menos reconoce que su bloqueo fue una revancha por no haber sido designada en la Comisión Especial de la Mujer.

El caso de Valerín no es inédito, pero sus ascensos en el escalafón sí lo han sido, y resulta difícil separarlos de sus conexiones políticas y su poder burocrático. La partida otorgada a Rodríguez se puede ver como un eco extemporáneo del pasado, pero más parece el renacer de malas mañas.

La conclusión es clara: el uso del poder o de recursos públicos para favorecer intereses privados, a contrapelo del bien común, se mantiene como una recurrente distorsión legislativa.

Esto se llama clientelismo. Muchas de sus prácticas siguen vigentes porque respetan la legalidad y, por ende, no son punibles. Pero violan la probidad, que es un valor ético-político clave, y obstruyen la buena administración, que es un deber. Por esto deben ventilarse abiertamente y recibir la censura de los ciudadanos, quienes, en última instancia, pagamos las facturas.

(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).