Las pequeñas y medianas empresas (pymes) podrían verse golpeadas en el 2019 debido a que el Gobierno central redujo el presupuesto para comprar bienes y servicios en un 15%, advirtió la Contraloría General de la República.
A causa de la estrechez fiscal, el Ejecutivo redujo en casi ¢60.000 millones el dinero hace contrataciones el próximo año, lo que contribuiría a contraer la economía en el corto plazo, principalmente en el sector de las pymes.
El presupuesto para bienes y servicios se redujo de ¢399.000 millones a ¢339.000 millones. En el 2019, representará el 3,1% del gasto total y el 0,9% del producto interno bruto (PIB).
En un contexto de problemas de liquidez en las finanzas públicas, estos ajustes pueden traducirse en menos compras o en atrasos en los pagos a proveedores.
Históricamente, las compras públicas contribuyen a dinamizar la economía porque fomentan la generación de empleo y del crecimiento económico. Además, revitalizan las dinámicas de pequeñas y medianas empresas.
En el 2016, crecieron las ventas al Estado por parte de pequeñas y medianas empresas según datos del Sistema de Información de Compras Públicas (SIAC), lo cual hizo que 285 nuevas pymes (12% más) comerciaran con el Gobierno.
En el 2016, el 55% de las compras públicas recayó en pymes y el 45% en grandes empresas.
‘Algo mucho peor’
Jose Luis Arce, director de la firma Consejeros Económicos y Financieros S.A. (Cefsa), coincide en la preocupación de la Contraloría de que la estrechez en el flujo de caja y de financiamiento del Gobierno disminuya las compras o “a algo mucho peor y es que se contraten bienes y servicios, se reciban por parte del Estado y luego no sean pagados o se paguen con atrasos”.
“Esto no sólo conduce a un aumento adicional en la deuda del Gobierno sino que puede poner en serios aprietos a las empresas que proveen al Gobierno, pues les afecta su flujo de caja y su relación con los bancos, que muchas veces les prestan dinero en función de los contratos que poseen con sus clientes, entre ellos el Gobierno”, advirtió Arce.
Alberto Franco, economista de la firma de investigación y análisis económico Ecoanálisis, sostiene que el potencial impacto sobre la actividad económica, por la reducción de las compras públicas, sería de magnitud marginal por el hecho de que representan menos de un 1% del PIB.
Según Franco, el número es insuficiente como para alterar el crecimiento previsto de la economía en el 2019, de alrededor de 3% según el Banco Central de Costa Rica (Ecoanálisis proyecta 2,8%).
La reforma fiscal, aseguró, restará algún estímulo a la actividad de económica en general, pero también crecerá la confianza entre los actores económicos debido a que habrían reglas fiscales más claras.
Pese a ello, el economista sí coincide en que pequeñas y medianas empresas se podrían ver afectadas con la reducción en la demanda oficial de bienes y servicios.
¿Qué es lo que más compra el Gobierno?
La mayoría de compras del Gobierno central son de servicios. Esta partida representará un 63,8% del total el próximo año (sin embargo, la cantidad de dinero se redujo en un 12% frente al 2018).
En segundo lugar, la partida de materiales y suministros equivaldrá a un 18,6% del presupuesto (con una reducción de 6,4% respecto al año anterior) y la partida de bienes duraderos significará 17,6% (con una caída del 30,4% respecto al año pasado).
Al considerar cuáles instituciones gastan más en compras, el Poder Judicial aparece de primero con un 22,4% del total, seguido por el Ministerio de Seguridad Pública con 16,2%, el Ministerio de Educación Pública con 15,5%, el Ministerio de Hacienda con 10,5%, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con 8,6% y el Ministerio de Justicia y Paz con 7,8%. Juntas, estas instituciones suman un 81%.
Sin embargo, todas estas entidades presentan recortes en su presupuesto para compras en el Proyecto de Ley respecto al presupuesto ajustado al 31 de agosto de 2018.
El Poder Judicial es el que muestra la caída de menor magnitud (2,1%) en este grupo, mientras que el resto tiene disminuciones de más del 13% e incluso 29,6%, como en el caso del Ministerio de Justicia y Paz.