Los vecinos del residencial Las Palmas, en Orotina, podrían volver a respirar tranquilos si el alcalde de ese cantón alajuelense cumple la resolución de la Sala IV que lo obliga a poner en orden a la soda conocida como ‘Killer Monchis’, que extendió su local a las aceras y bloqueó el paso por el lugar, incluso para personas que transitan con sillas de ruedas o bebés en coches.
Los magistrados de la Sala Constitucional ordenaron al alcalde Benjamín Rodríguez Vega y al presidente del Concejo Municipal de Orotina, Elford Antonio González Mora, resolver la queja que desde el 19 de noviembre del 2021 planteron contra el restaurante quienes viven en ese residencial. En su resolución del 10 de junio la Sala les da un mes para resolver.
“Este Tribunal acredita la vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente. Si bien se observa una cadena de acciones por parte de las autoridades municipales para dar seguimiento a la denuncia, presentada el 19 de noviembre de 2021, lo cierto es que a la fecha de interposición de este recurso −más de cuatro meses después del planteamiento de la gestión− no se ha dado una solución definitiva a la problemática planteada por los recurrentes.
“Lo anterior, con el agravante de que las autoridades municipales tenían conocimiento de la problemática previo a la interposición de la denuncia, al reconocer que desde el mes de septiembre de 2021 se había iniciado un procedimiento administrativo contra el propietario registral del inmueble”, advierten los magistrados en la resolución que declara con lugar el recurso de amparo.
“Al producirse esa dilación indebida, se vulnera el derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida, máxime que según se alega en el libelo de interposición de este recurso, se coloca en riesgo la integridad física de las personas que transitan en las inmediaciones del local comercial denunciado”, agregan.
De acuerdo con las personas que pusieron el recurso de amparo, en la entrada del residencial se construyeron varios locales comerciales, entre ellos la soda ‘Killer Monchis’.
El local está en la esquina de la única calle de ingreso y salida al residencial. “(...) el propietario de ese local comercial permite que sus clientes estacionen sus vehículos en ambos lados de la vía. Además, colocó mobiliario en la acera, como mesas y sillas y construyó una mesa y asientos de cemento en el centro de la acera.
(...) dicho establecimiento contaba, en sus inicios, con permisos sanitarios de funcionamiento y patente municipal para la venta de comida para llevar, no para consumo en el local, dado que no contaba con el espacio adecuado para esto, ni estacionamiento. (...) el propietario de la soda usurpó la vía pública, la acera, las calles y los accesos al residencial Las Palmas, frente a la Ruta 27″, exponen los vecinos.
En su relato, cuentan que la soda puso postes de cemento para convertir el espacio en estacionamiento. De hecho, los clientes del lugar parquean sus vehículos en la acera. También quitó las rampas con lo que dificulta el paso de coches de bebé, sillas de rueda, y el desplazamiento de personas adultas mayores o con discapacidad.
Además, puso piso cerámico sin antideslizantes en la calzada, eliminó la demarcación amarilla en la entrada del residencial y frente al negocio, y obstaculizó la señal de alto en la salida, lo cual ya ha causado varios accidentes, colisiones e incluso el fallecimiento de una persona atropellada.
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En su defensa ante la Sala IV, el alcalde Benjamín Rodríguez Vega dijo que la Municipalidad no ha violado ningún derecho a los vecinos y rechazó que no haya gestionado las denuncias.
“(...) la Municipalidad de Orotina sí ha realizado las gestiones correspondientes para atender las irregularidades correspondientes al caso ‘Killer Monchis’. incluso antes de las quejas o denuncias presentadas por los vecinos del Residencial Las Palmas.
“(...) al día de hoy existe un procedimiento vigente el cual aún se está tramitando, con la finalidad de paliar las irregularidades que se han venido dando”, reconoció en su momento el alcalde.