En algunos barrios de Río Cuarto, el recién creado cantón de Alajuela, el agua solo llega unas horas porque los tanques de la Asada se tienen que llenar con camiones cisterna que manda el AyA.

Esta es la realidad de los poblados de La Flor, La Tabla, La Victoria, La Mercede y el Pinar, quienes viven las consecuencias del cierre de tres nacientes de agua ordenado por el Ministerio de Salud, en julio, debido a la contaminación con el herbicida bromacil. La medida se mantendrá hasta que los análisis que realiza determinan que están limpias.

La alerta por la presencia del agroquímico en el agua se dio hace más de un mes y a la fecha, Salud desconoce el origen del problema. Según dice, será difícil dar con los responsables.

Las nacientes abastecían las fuentes de los acueductos de Santa Rita, La Tabla-Pinar y Santa Isabel-San Rafael; que dan servicio a unas 13.000 personas. No obstante, solo los abonados del acueducto La Tabla tienen racionamiento.

Otra preocupación por la detección del bromacil son los efectos que pueda tener en la salud. Ese temor si afecta a los usuarios de todos los acueductos.

“La gente siempre pregunta cuál es el daño por el tiempo que se consumió (...) El Ministerio de Salud se ha reunido con nosotros y dice que lo que se sabe es que con el tiempo se habla de cáncer, pero no nos dice qué tanto, cuál es el problema ni a qué plazo”, expresó Edwin Chaves, presidente de la Asociación Administradora del Sistema de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asada) de La Tabla.

El bromacil fue muy utilizado en las plantaciones piñeras para el combate de las malas hierbas, pero fue prohibido mediante decreto ejecutivo 40423-MAG-MINAE-S publicado en La Gaceta el 5 de junio de 2017.

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De acuerdo con Chaves, el agua llega por horas o minutos porque las fuentes a las que conectaron el acueducto no dan abasto.

Según dice, en La Tabla tienen dos fuentes, pero una está contaminada.

"Desde el 23 de julio el AyA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) nos facilitó un cisterna para una parte de la población, pero estamos faltos de agua porque esa fuente (la contaminada) brindaba a un 60% de la comunidad. Tenemos problemas porque es una zona rural donde además del consumo humano, el agua se necesita para la atención de granjas, porquerizas y actividades productivas”, señaló Chaves.

Liliam Solís, vecina de la comunidad, es afortunada, pues a su casa llega agua entre las 10 a.m. y las 4 p.m.

“Hay otros lugares donde solo tienen agua dos horas al día por lo que los vecinos deben recoger y tener depósitos. Definitivamente esto es prácticamente como para sobrevivir (...) Hay mucha gente que está llegando como a un estado de histeria, en muy poco tiempo va a haber gente organizada”, advirtió la vecina.

La presencia de ese químico en las nacientes de agua, lo detectó el Laboratorio Nacional de Aguas de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en un estudio bioquímico del 20 de julio.

El ingeniero Eugenio Androvetto, de la Dirección de Protección al Ambiente Humano, del Ministerio de Salud, explicó que en este momento preparan un nuevo análisis para verificar si el líquido cumple con lo establecido por el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. Recalcó que el muestreo se hará de forma indefinida hasta que tengan total certeza que el agua está libre de agroquímicos.

“Lo que puedo decir es que en el momento en que nos enteramos procedimos a cerrar las fuentes que están contaminadas y a hacer las conexiones nuevas necesarias para dotar a la población de agua potable y se están en las investigaciones del caso por medio de las inspecciones, sería prematuro decir qué va a pasar en este sentido”, comentó Androvetto.

Por el momento, la Asada de la Tabla, que abastece a aproximadamente 2.000 personas, se está alimentando con una naciente y un tanque de almacenamiento que se llena con cisternas del AyA.

En la de Santa Isabel, que abastece a 6.053 personas, se sacaron de operación cuatro fuentes y con una quinta se abastece a la población.

Mientras que la de Santa Rita, que suministra el líquido a 4.900 personas, se integró al acueducto de Río Cuarto.

Inspecciones a fincas

Como una de las medidas de prevención, para evitar que esta situación se repita, Salud, en coordinación con el AyA, el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Extensión Agrícola, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), iniciaron inspecciones a fincas de la zona norte que realicen actividades agrícolas.

Se trata de 28 terrenos ubicados en Río Cuarto, 52 en Aguas Zarcas, 528 en Pital y 18 en Venecia, estas últimas del cantón de San Carlos.

“Se hizo un inventario de todas las actividades económicas, todas las industrias, todos los cultivos, y ya iniciaron una serie de inspecciones a varias fincas para ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Entonces el trabajo es de todo un proceso de control e inspección que se está llevando en el sitio”, explicó el ingeniero.

Las fincas son escogidas al azar con el criterio de los funcionarios y pueden ser inspeccionadas en más de una ocasión. Hasta el momento han visitado tres.

También se estableció un mapa que incluye las zonas de Río Cuarto, Venecia, Pital y Aguas Zarcas, en el cual se ubicaron cuerpos de agua y fuentes de abastecimiento existentes en la zona y los diferentes cultivos que se desarrollan.

El ingeniero explicó que en país hay que seguir con controles permanentes hasta que los mantos acuíferos estén libres de cualquier sustancia, pues “se tiene que tener en cuenta que los agroquímicos cuando los utilizan, tienen un proceso de vida, de percolación, que se puede dar en el suelo y que para las condiciones de Costa Rica puede ser muy diferente a lo que dicen estudios hechos a nivel internacional".

En junio anterior, la Universidad de Costa Rica (UCR), informó que había encontrado residuos de plaguicidas, aunque en pequeñas cantidades, en fuentes de agua de la zona norte, en los distritos de Pital, Aguas Zarcas y Venecia, de San Carlos, y en el cantón de Río Cuarto.

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El hallazgo lo hicieron mediante el Proyecto de Buenas Prácticas Agrícolas en la Producción de Piña en la Zona Norte, ejecutado por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), de la UCR, y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del MAG.

Los investigadores tomaron muestras en 22 sitios de aguas superficiales (ríos y quebradas) y en 10 sitios de aguas subterráneas (pozos y nacientes), ubicados en dichas localidades.

Desde el 2015, se detectó la presencia del bromacil y otros plaguicidas como ametrina, hexazinona y diurón en los pozos, ríos y quebradas, pero no fue hasta tres años después (en 2018) cuando se informó a la comunidad sobre lo que sucedía.

Esta situación hizo que los investigadores del CICA y funcionarios del SFE fueran convocados por la Asamblea Legislativa porqué no habían advertido a la población apenas tuvieron los resultados.

Este caso llegó hasta el Ministerio Público. La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental informó de que actualmente tramita una causa bajo el expediente 18-000023-0611-PE, por una denuncia por incumplimiento de deberes, en la que se investigan a funcionarios del SFE. Esta se encuentra en la etapa preparatoria de la investigación.

Henry Picado, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), por su parte, considera insuficientes las acciones que realizan las instituciones del Estado para atender la problemática.

Él asegura que es necesario que el Gobierno decrete emergencia y ordene disminuir el uso de agroquímicos en la zona, mientras tanto no se tenga evidencia científica de que su utilización no va a afectar más mantos acuíferos.

“Lo que nosotros estamos pidiendo también es que se investigue la importación, el uso y el trasiego de este agroquímico prohibido (bromacil) y se tomen medidas con las fincas que están utilizando esto”, añadió Picado.

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Aseguró que es necesario cambiar la manera en la que el Estado atiende estas situaciones pues se tiene el antecedente de otras comunidades que también se han visto afectadas por prácticas agrícolas inseguras. Tal es el caso de las comunidades de El Cairo, Milano, La Francia y Luisiana, en Siquirres, Limón.

“Esta experiencia nos dejó una amarga situación en la que el Estado, con el dinero de todos nosotros, construyó un acueducto nuevo en la zona de Milano, y esto lo pagamos todos nosotros con impuestos, mientras que la empresa contaminante no puso ni un solo colón”, señaló.

En esa zona, Salud aún realiza análisis periódicos del agua para verificar su potabilidad.

Se hizo la consulta al Ministerio también para saber si llevan a cabo algún estudio técnico sobre los posibles efectos que podrían sufrir las personas que tomaron el agua con bromacil, en Río Cuarto, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta por parte del departamento responsable.