El Colegio de Ciencias Económicas abrió una investigación preliminar contra Allan Josué Quesada Soto, asesor financiero de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez.
La intención es determinar si Quesada ejerce ilegalmente la profesión al “emitir criterios financieros” para la Junta Directiva sin ser miembro activo del colegio profesional, según la denuncia anónima que dio origen a la pesquisa. De acuerdo con la queja, él se presenta como asesor financiero de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS en correos oficiales y documentos, desde setiembre de 2022.
El artículo 322 del Código Penal establece penas de tres meses a dos años de prisión para el que “ejerciere una profesión para la que se requiere una habilitación especial sin haber obtenido la autorización correspondiente”.
Ivannia Alvarado, jefa interina de la Fiscalía del Colegio de Ciencias Económicas, confirmó a La Nación la apertura de la pesquisa. Afirmó que según los registros institucionales, Quesada no ha estado nunca colegiado.
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El funcionario, por su parte, reconoció que no es miembro del Colegio de Ciencias Económicas, pero aseguró que en 2013 se graduó en Economía en la Universidad Latina. Agregó que conoce la existencia de la investigación en el Colegio de Ciencias Económicas.
“Voy a ser sincero y transparente, eso fue un error mío porque yo vengo del sector privado, nunca he trabajado en el sector público y he trabajado en tres bancos diferentes: BCT, Banco General y BAC San José. Realmente se me chispoteó, nada más que ahora tengo que inscribirme por estar en el sector público”, declaró Quesada, quien ocupa una plaza de confianza dentro de la Caja.
Al preguntarle sobre sus funciones como asesor, respondió que le corresponde “asesorar en lo que ella (Marta Esquivel) disponga (...) Temas financieros y administrativos”.
El 4 de febrero anterior, Quesada elaboró un informe de cinco páginas denominado Sostenibilidad Financiera Seguro de Salud, dirigido a la Junta Directiva de la CCSS en el que apunta que la deuda estatal con la Seguridad Social no se encuentra consolidada con el Ministerio de Hacienda y, según él, eso pone en duda su cobro.
Además, señala problemas de control de inventarios y gastos “inusuales”. Sin embargo, el documento no detalla a qué se refiere exactamente.