Juez afirma que grabación detalla un mecanismo de injerencia irregular en pos de una investigación a favor del empresario

Por: Natasha Cambronero 19 noviembre
Juan Carlos Bolaños y Guillermo Quesada durante la comparecencia ante los diputados de la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios, el 25 de agosto del 2017. Fotografía: José Cordero
Juan Carlos Bolaños y Guillermo Quesada durante la comparecencia ante los diputados de la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios, el 25 de agosto del 2017. Fotografía: José Cordero

Dictámenes forenses descartaron que haya sido “alterado o editado” el polémico audio de una conversación entre el empresario Juan Carlos Bolaños y el ex subgerente del BCR Guillermo Quesada.

La misma prueba también confirma que una de las dos voces que se escuchan en la grabación sí es del importador de cemento chino. Quesada, por su parte, reconoció la suya durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios, el 25 de agosto anterior.

En el audio, grabado en abril, Bolaños expresa a Quesada la posibilidad de presentar una demanda contra el Banco de Costa Rica (BCR) por "violar el secreto bancario de Sinocem", la empresa que él usa para importar cemento desde China.

El resultado de la prueba forense hecha al audio fue mencionado por el juez penal Hugo Porter en la resolución del viernes pasado, en la que confirmó la imposición de tres meses de prisión preventiva para los siete imputados por el caso del cemento chino, luego de rechazar los recursos de apelación presentados.

En la sentencia de 20 páginas, Porter calificó de la siguiente manera la grabación: "El contenido del audio fue utilizado como mecanismo de una injerencia irregular del acusado Bolaños, para con un empleado bancario, que al final de cuentas lo que buscaba era crear una indemnización del BCR para así utilizar una especie de compensación para el pago de los créditos presuntamente amañados".

A través de Sinocem, Bolaños obtuvo en el BCR dos líneas de crédito revolutivas, con un tope de $30 millones, para traer ese producto al país. Este es el financiamiento que ahora están bajo la mira del Ministerio Público por supuestas irregularidades en su concesión y en el manejo de los recursos girados.

"Por referencias en la documental del expediente, y que en este caso, también por los dictámenes forenses, se determina la participación de Bolaños en la conversación y que del audio no se extraen indicios de que el mismo haya sido alterado o editado", redactó Porter en el voto 421-2017 del Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.

Después de una renegociación alcanzada en enero con el BCR, Bolaños quedó debiéndole $25 millones al banco.

El juez hizo mención a esos dictámenes porque los defensores de los siete imputados pedían que el audio no se tomara como prueba valida.

En primera instancia, alegaron que no se escuchó el audio completo en la audiencia de medidas cautelares, del 4 de noviembre anterior. En segundo lugar, alegaron que la conversación se grabó de forma ilegal.

Los argumentos fueron rechazados por el juez Porter: "Se indica que la conversación no puede ser utilizada porque no fue incorporada a la audiencia de medidas cautelares; tal protesta no tiene asidero y debe ser rechazada, véase que no estamos en una fase de juicio donde sí existe la necesidad de incorporar la prueba ya sea documental, testimonial o material para poder ser utilizada en la fundamentación del fallo, recuérdese que se trata de una audiencia de medias cautelares, que se realiza en el albores de la investigación, donde los acusados apenas han sido indagados, donde la juez tiene conocimiento de la existencia del audio".

En cuanto a la legalidad del audio, Hugo Porter precisó que eso se deberá analizar en las siguientes etapas del proceso penal.

"Claro está que si la presenta (la prueba el audio) se convierte en un elemento probatorio que debe ser discutido y al cual debe dársele el valor que corresponda luego de apreciarlo conforme a las máximas del correcto entendimiento humano".

"En un análisis previo no existe razón alguna para acreditar la ilegalidad de tal elemento de prueba, el cual estuvo a disposición de esta cámara", añadió.

El caso del cemento chino se tramita en la Fiscalía General bajo el expediente 16-13-33-TP. Juan Carlos Bolaños es investigado por cuatro delitos: peculado, tráfico de influencia, denuncia calumniosa y simulación de delito.

Los otros seis imputados son miembros de la cúpula del BCR, a quienes se le atribuye el aparente delito de peculado, bajo el supuesto de que facilitaron la sustracción de fondos públicos con el otorgamiento del financiamiento a la empresa de Bolaños.

Se trata de Mario Barrenechea Coto, gerente general; Marvin Francisco Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo; Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Créditos; y Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos y Control Interno.

Actualmente ellos están suspendidos de los cargos en el BCR por el proceso penal.