EscucharEl PLN impulsa una reforma legal que eximiría a tres de sus diputados de juicios por presuntas donaciones ilegales y que, a su vez, salvaría al Partido de eventuales multas cercanas a los ¢1.000 millones.
Se trata del proyecto de reforma al Código Electoral que la bancada de Liberación Nacional (PLN) presentó en la Asamblea Legislativa a principios de agosto con el apoyo de otros cinco partidos. Dicho proyecto reformaría los artículos que sustentan las acusaciones del fiscal general, Jorge Chavarría, contra los diputados Óscar Alfaro, Antonio Calderón y Alicia Fournier.
Además, quedarían sin asidero legal los procesos abiertos en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contra el PLN tendientes a imponer sanciones económicas.
El jueves, el diputado liberacionista Luis Gerardo Villanueva, principal impulsor del proyecto, dijo que habría un error en la redacción de la reforma.
Alegó que la intención nunca fue hacer un plan “a la medida” de los casos judiciales y que está dispuesto a cambiarlo. Un día después, el viernes, informó de que se presentó una moción para enmendar la equivocación.
La abogada penalista Dunia Chacón explicó que, si se aprueba una reforma que deroga un delito o atenúa un castigo antes de que se dicte sentencia o multa en un caso, la reforma beneficia al imputado.
Por el mismo caso, Chavarría acusó al diputado Calderón, como secretario general de Liberación, de recibir la donación en especie.
El fiscal acusó a Fournier y a Calderón de recibir, en el 2010, la donación del edificio conocido como Balcón Verde, sede del PLN en San José, aunque este provenía de una firma llamada Verdiblanco, S. A. En ese momento, la diputada Fournier era tesorera del Partido.
En forma paralela, el TSE evalúa la imposición de sanciones económicas por esos mismos hechos.
Según el Código, las multas equivalen al doble de la donación ilegal, y solo el Balcón Verde fue valorado en más de ¢450 millones.
Norma clave. El artículo 128 del Código prohíbe a las empresas nacionales o extranjeras hacer donaciones de cualquier tipo a los partidos. Sin embargo, el plan de reforma haría una excepción: permitiría a las personas jurídicas locales entregar contribuciones en especie.
Con ese cambio ya no tendrían sustento eventuales sanciones en los casos del Balcón Verde y Chicharrín, amén de que el proyecto cambiaría todos los artículos ligados a los procesos.
Por ejemplo, en el artículo 274, que sanciona hasta con cuatro años de cárcel a quien realice donaciones por cuenta de sociedades locales o foráneas, se le eliminaría la frase “persona jurídica nacional”.
Además, la multa establecida en el artículo 288 no se aplicaría porque esta depende del artículo 128.
Un error. Según el diputado Villanueva, su intención era permitir que las sociedades hagan donaciones en especie que no superen los seis salarios base (¢2,2 millones) y que no impliquen el traslado de un bien a un partido.
Al hacérsele ver que el proyecto no dice nada al respecto, respondió: “No está así, pero está más o menos, pero digamos que esa es la idea. Si no está, esa es la idea (...). Si no está plasmada, la plasmaremos. Eso es lo que hemos querido discutir, que el TSE diga si hay posibilidad”.
El plan ha ingresado en la Comisión de Asuntos Jurídicos, presidida por Villanueva.
En el mismo texto, el PLN propuso reducir la deuda política de un 0,19 % a un 0,11 % del producto interno bruto (PIB). Además, incluyó ideas del TSE, como ofrecer buses gratuitos para las votaciones y eliminar los bonos políticos.
Héctor Fernández, director de Registro Electoral del TSE, dijo que esta entidad no apoya reformas que desmejoren la legislación, y que se permitan las donaciones de sociedades es un ejemplo de ello.
Fernández confirmó que siguen abiertos dos procesos administrativos contra el PLN, y advirtió de que estos pueden prolongarse durante meses.
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