El proyecto de reforma al empleo público está congelado en la Sala IV. Todavía no ha empezado a correr el plazo de 30 días naturales para que los magistrados resuelvan las consultas de constitucionalidad sobre el proyecto.
Esa es la situación, pese a que el plan fue aprobado en primer debate el 7 de diciembre y a que, desde el día siguiente, la Corte Suprema de Justicia presentó una primera consulta de constitucionalidad. Posteriormente, dos grupos de diputados enviaron dos consultas adicionales, la última el 14 de diciembre.
La Sala IV aún no define cuándo empieza ni cuándo concluye el plazo que le da la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para responder las consultas facultativas, debido a una inhibitoria.
A través de su oficina de prensa, los magistrados respondieron que el plazo comenzará a correr una vez que se hayan acumulado todas las consultas presentadas, tanto de la Corte como de los diputados, en el mismo expediente. No obstante, la acumulación no se ha hecho porque el magistrado suplente, Hubert Fernández, se inhibió de conformar el Tribunal que debe resolver las consultas.
Sí se acumularon la primera y la segunda consulta, pero quedó una pendiente de integrarse al expediente, debido a la solicitud de Fernández de apartarse del caso.
Paul Rueda, presidente en ejercicio de la Sala Constitucional, acogió la inhibitoria presentada, pero no se ha constituido nuevamente el Tribunal con los siete miembros que estudiarán las consultas sobre el proyecto de empleo público.
Esa conformación del tribunal no se daría durante el receso de fin de año, a pesar de que la Sala ha estado funcionando en estos días para resolver asuntos relacionados con recursos de amparo o de hábeas corpus.
El artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que la Sala debe evacuar una consulta dentro del mes siguiente a su recibo y, aunque la norma no dice cuándo empieza a correr el plazo, por costumbre se ha contado a partir de que la Asamblea Legislativa remite el expediente completo para estudio de los magistrados.
No obstante, en los casos más polémicos, cuando se remiten para estudio de la Sala IV varias consultas facultativas sobre un mismo proyecto de ley, los magistrados constitucionales han optado por contar el plazo a partir de la acumulación de dichas gestiones.
Esta es la segunda ocasión en que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, expediente legislativo 21.336, se somete a consulta de la Sala Constitucional.
A inicios de agosto, ese tribunal emitió una opinión consultiva sobre el proyecto, luego de resolver tres consultas presentadas por los diputados, y por la cual determinó que había 35 vicios de fondo en el expediente, al tiempo que avaló la introducción del esquema de salario global en el sector público y las limitaciones a las convenciones colectivas.
Una vez acogida una nueva versión del proyecto, adaptada al fallo de la Sala, los diputados aprobaron la iniciativa nuevamente en primer debate, el 7 de diciembre.
Posteriormente, la Corte argumentó que las modificaciones hechas al proyecto no subsanan los eventuales vicios de inconstitucionalidad de la versión original, sobre la independencia del Poder Judicial.
Adicionalmente, congresistas de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Integración Nacional (PIN), Restauración Nacional (PNR) y varios independientes pidieron declarar inconstitucional la votación del plan, bajo el argumento de que no se podía aprobar a dos meses de las elecciones nacionales y de que la Asamblea se extralimitó en la nueva versión del plan aprobada.
Finalmente, un grupo de 20 legisladores pidió a la Sala IV declarar que no se necesitan 38 votos para aprobar el proyecto, de manera definitiva, en el plenario. Esta última consulta es la que está pendiente de acumularse al expediente y la presentaron congresistas de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional, Nueva República (NR) y la independiente Zoila Rosa Volio.