Por: Natasha Cambronero 14 noviembre, 2016
El abogado del PAC, Ronny Guevara (a la izquierda), negó que fuera antiético el hecho de que se cobrara al TSE contratos por servicios especiales que partidarios realizaron de manera voluntaria en la campaña en torno a las elecciones nacionales del 2010.
El abogado del PAC, Ronny Guevara (a la izquierda), negó que fuera antiético el hecho de que se cobrara al TSE contratos por servicios especiales que partidarios realizaron de manera voluntaria en la campaña en torno a las elecciones nacionales del 2010.

En su defensa, ante los jueces del Tribunal Penal de San José, el PAC alegó que facturó al TSE parte del trabajo voluntario que recibió en la campaña presidencial del 2010 para hacer un contrapeso frente a "la inequidad" que existe en el sistema electoral actual.

Ese fue el principal argumento que esbozó el abogado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ronny Guevara, para rebatir la acusación del Ministerio Público, el cual calificó de estafa de ¢364 millones el hecho de cobrar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el voluntariado de los partidarios mediante contratos de servicios especiales.

La Fiscalía también incluyó contratos por servicios que del todo no se efectuaron o que obedecieron a una labor distinta a la descrita en los convenios.

Dichos acuerdos fueron incluidos en la liquidación de gastos que el PAC presentó al TSE y que, posteriormente, se le reembolsaron con recursos de la deuda política.

Ante los jueces, Guevara afirmó la mañana de este lunes que el hecho de que el partido haya facturado el voluntariado no constituye ninguna ilegalidad y menos un acto antiético, pues los partidarios no tenían "la intención de beneficiarse a sí mismos".

Agregó que se empleó ese mecanismo como una alternativa ante las dificultades que tenía el PAC para conseguir un préstamo bancario que financiara la campaña, debido a que en ese entonces era un partido relativamente nuevo y en plena expansión política.

"La desarticulación que genera el sistema de financiamiento de partidos políticos es lo que las personas buscaban solventar. Es cierto, el partido no tenía los recursos, las instituciones bancarias no le prestaban plata; sin embargo, eso nunca se intentó canalizar a través de un ardid para estafar al Estado con el objetivo de obtener recursos, sino que los mismos contratistas, las mismas personas que estaban trabajando en cada uno de los cantones decidieron solventar esa falla en el sistema donándole al partido", expresó Guevara.

El defensor del PAC insistió en que los contratistas aceptaron firmar los contratos de antemano, pues ya sabían de qué se trataba, que solo era una expectativa de pago y que nunca se les coaccionó.

"Esta situación de inequidad electoral era conocida por los contratistas, ya que como se pudo apreciar, en su mayoría eran adultos que había participado anteriormente en otros procesos políticos con otros partidos, y que eso fue lo que los motiva a donarle al PAC. En las declaraciones testimoniales hubo un hilo conductor: 'Al PAC lo financio yo, por principios políticos, por la afinidad con ese partido, para fortalecerlo, para tener más dinero, para financiar la campaña, para evitar el ingreso del narcotráfico, para lograr el cambio, para fortalecer la democracia'. Es decir, que esta voluntad de los contratistas no tomaba como punto de partida un recurso económico que fuera espurio o ilegal", declaró Guevara.

Sin coacción. También, adujó que no existió ninguna directriz de la cúpula del PAC para obligarlos a donar los certificados de cesión de deuda política, serie B, con que se les reconoció los servicios efectuados.

"Hasta la fecha ninguna de las personas que firmó un contrato por servicios especiales alegó alguna circunstancia que pudiera, siquiera, hacer suponer que había un vicio en el consentimiento o que había un vicio a la hora de firmar", enfatizó el abogado de los rojiamarillos.

Además, le restó importancia al hecho de que los certificados de cesión con que se cancelaron esos recursos no se les entregaran a los contratistas, sino que se guardaron en una caja fuerte en la sede del partido.

Alegó que esa decisión se tomó con la venia del comando de campaña y con el visto bueno de los partidarios, y que no fue una medida unilateral de Maynor Sterling, entonces tesorero del PAC y quien figura como uno de los dos imputados en este juicio.

El otro es Manuel Antonio Bolaños, quien desde entonces y hasta la fecha, es empleado del grupo político.

Según Guevara, se decidió resguardar los certificados porque, en la campaña del 2006, varios de los contratistas los vendieron a terceros, a sabiendas de que no tenían ningún valor económico, y esos terceros llegaron a reclamar su dinero a la tesorería del PAC.

2Eso fue utilizado por la prensa para hacer un escándalo mediático. La intención era que eso no volviera a suceder", afirmó el abogado de los rojiamarillos.

En esos dos procesos electorales, la mayoría de los certificados de cesión serie B de Acción Ciudadana no tuvieron contenido económico, pues los sufragios fueron insuficientes.

Diferente al Libertario. Entre otros alegatos, el abogado hizo hincapié en que el caso del PAC no se asemeja al Movimiento Libertario, partido político que el año pasado fue condenado por estafar el TSE, mediante el cobro de capacitaciones ficticias.

"A lo largo de esta exposición, tal y como lo han relatado los testigos, ha quedado absolutamente claro que nunca se imprimió un encabezado diferente en la hoja donde la persona firmó, que nunca se le pidió su firma a cambio de la recolección de un libro o por asistencia a una exposición de un programa de gobierno", adujo Guevara.

Él, como representante también de Manuel Antonio Bolaños, negó que su defendido tuviese alguna participación en el presunto plan delictivo.

Fue enfático en que Bolaños solo era un mensajero, que carece de estudios de secundaria y que ni tan siquiera tiene un correo electrónico.