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Fiscalía concluye que extesorero del PAC premeditó estafa de ¢516 millones contra el TSE

Actualizado el 03 de noviembre de 2016 a las 06:23 pm

Ministerio Público considera que Mynor Sterling orquestó 'un plan delictivo' para cobrar contratos falsos al TSE, tras las elecciones del 2010

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Fiscalía concluye que extesorero del PAC premeditó estafa de ¢516 millones contra el TSE

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(Video) Conclusiones de la Fiscalía en juicio contra el PAC

Este jueves, ante el Tribunal Penal de San José, el Ministerio Público concluyó que el extesorero del PAC, Mynor Sterling Araya, orquestó una supuesta estafa de ¢516 millones en contra del Estado, de manera premeditada, luego de las elecciones nacionales del 7 de febrero del 2010.

Según el fiscal Alexander Valverde, fue Sterling quien ideó un “plan delictivo” para cobrarle al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contratos por servicios especiales que fueron prestados de forma gratuita, que del todo no se realizaron, o bien, que obedecían a una labor distinta.

Se trata de 263 acuerdos contractuales, que en promedio ascendían a ¢1,9 millones cada uno, que el Partido Acción Ciudadana (PAC) facturó luego de la campaña electoral del 2010 y que, posteriormente, el TSE le reembolsó. Por ejemplo, a un miembro de mesa se le registró un pago de ¢1,8 millones, aunque él declaró que solo laboró el día de las elecciones.

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"Lo que encontramos, a partir de los testimonios, es que muchas personas firmaron la documentación después de las elecciones. Llegaron a decirles, firmen esta documentación por servicios que había ofrecido de forma voluntaria y que ellos nunca habían tenido la intención de cobrar, sino que los buscan después de las elecciones para firmar". Fiscal Alexánder Valverde

“(Sterling) procedió a orquestar un plan delictivo que tuvo como punto de partida la creación de una necesidad inexistente en el PAC, la cual era contratar personas. No había necesidad de contratar personas que trabajaban voluntariamente sin esperar nada a cambio. Esa necesidad fue inventada por el PAC y ese invento fue dirigido por Mynor Sterling Araya”, enfatizó Valverde, la tarde de este jueves.

Es por ese caso que el partido de Gobierno enfrenta un juicio en el Tribunal Penal de San José desde el 4 de julio, el cual se encuentra en la etapa de conclusiones, última fase antes de que los jueces entren a deliberar para emitir una sentencia.

Además de Sterling, también figura como imputado Manuel Antonio Bolaños Murillo, quien para ese entonces era y sigue siendo colaborador del partido.

A ambos se les atribuye haber incurrido, presuntamente, en lo delitos de estafa y uso de documento falso.

Bolaños fue descrito por la Fiscalía como el “instrumento idóneo” que utilizó Sterling para “la maquinación delictiva".

El extesorero del PAC, Mynor Sterling Araya. (Mayela López)

De acuerdo con el fiscal Valverde, el colaborador Bolanos fue el encargado de buscar a las personas que firmaron los contratos y de llenar los espacios en blanco que los supuestos contratistas dejaron en esa documentación, labor que emprendió después del día de las elecciones del 2010, a pesar de que los servicios, en apariencia, se prestaron a lo largo de la campaña.

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“Lo que encontramos, a partir de los testimonios, es que muchas personas firmaron la documentación después de las elecciones. Llegaron a decirles, firmen esta documentación por servicios que había ofrecido de forma voluntaria y que ellos nunca habían tenido la intención de cobrar, sino que los buscan después de las elecciones para firmar”, expresó el fiscal Valverde.

Inflar gastos. La Fiscalía sostiene que los dos imputados, de manera premeditada, incurrieron en la facturación de contratos falsos con el objetivo de inflar la liquidación de gastos que el PAC cobraría al TSE para obtener un porcentaje mayor de la deuda política, que para esa contienda superaba los ¢17.000 millones.

Tras los comicios del 2010 y con los votos obtenidos, el PAC podía reclamar ¢3.741 millones; sin embargo, para ello, primero debía comprobar que gastó ese dinero. De lo contrario, el excedente iría a parar, directamente, a una reserva para capacitación y organización.

Al final, el partido político reportó gastos de campaña por ¢4.238 millones, de los cuales poco más de ¢1.100 millones —una cuarta parte— fueron incluidos en esta polémica partida de servicios especiales.

Tras una revisión de la documentación de esa partida, el Tribunal solo reconoció el pago de ¢516 millones. Ese es el monto de la presunta estafa que le atribuye el Ministerio Publico al PAC y, además, es la suma que demanda la Procuraduría General de la República, en vía civil, como abogado del Estado.

El fiscal Valverde afirmó que la agrupación necesitaba reportar más gastos para poder cancelar las deudas que tenía con los bancos BCT, Lafise y de Costa Rica (BCR), así como con algunos medios de comunicación, de los cuales no detalló nos nombres.

Tanto los bancos como los medios de comunicaciones poseían la mayoría de los bonos de cesión de deuda política, clase A.

Mientras, los supuestos proveedores de servicios especiales recibieron títulos tipo B, los cuales no cobraban valor sino después de que se liquidaran los A. En este caso, los bonos B no adquirieron valor, nunca llegaron a manos de esos partidarios y se quedaron en la caja fuerte del partido.

“Nosotros estamos, justamente, dando los elementos probatorios para determinar que esto no fue un error, todo lo contrario, esto fue premeditado por parte de los imputados”, afirmó Valverde.

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Agregó que él y su compañera, la fiscala Greysa Barrientos, terminarán de exponer sus alegatos mañana viernes o el próximo lunes, acto que concluirá con la petitoría de sanciones para los imputados.

Posteriormente, le tocará el turno al procurador Randall Aguille y por últimos, a los defensores de Sterling y Bolaños.

Monto mayor. Si bien en la denuncia el Ministerio Público señaló que el PAC habría estafado al Estado en al menos ¢16,2 millones, en el juicio ese monto ascendió a ¢516 millones, el equivalente a lo girado por el TSE al partido, por concepto, de 263 contratos de servicios especiales.

Según el fiscal Valverde, en un principio lo que se hizo fue presentar los hechos con base en nueve de los casos más fuertes, pero que el delito que se acusa comprende la totalidad de los contratos.

Agregó, que la acusación es consolidada y va en la misma sintonía de la Procuraduría.

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Natasha Cambronero

natasha.cambronero@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en la sección de Política. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Escribe sobre el quehacer de los partidos políticos y el financiamiento electoral, entre otros temas.

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