El martes 6 de marzo, en el debate organizado por la Universidad Latina y Noticias Columbia, el candidato de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, dijo que su contendor Carlos Alvarado, del PAC, tenía un asesor en infraestructura "vinculado con la trocha".
Así se refirió al ingeniero y empresario José Manuel Sáenz Scaglietti, quien acompañó al candidato del PAC en el debate del día anterior, organizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Lo cierto es que Sáenz Scaglietti no está involucrado con anomalías ni con el caso judicial de la trocha.
Este ingeniero es socio de una firma de ingenieros llamada Cacisa que, en febrero del 2012, fue contratada por el Conavi para supervisar la apertura del camino que se había iniciado en diciembre del 2010, a causa de la invasión del Ejército de Nicaragua a isla Caldero.
Según confirmó el Ministerio Público a La Nación, ni el nombre de Sáenz ni el de su empresa aparecen dentro de los acusados por el caso de la trocha ni dentro de los demandados civiles.
La expresidenta Laura Chinchilla denunció la presunta corrupción en la trocha el 4 de mayo del 2012. Ese día, ella comunicó que dos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) habrían recibido dádivas de empresarios de alquiler de maquinaria, que pretendían beneficios en las obras de la trocha fronteriza con Nicaragua.
La trocha empezó a construirse a finales del 2010. Aprovechando el decreto de emergencia decretado por Chinchilla, el Gobierno empezó a contratar maquinaria por horas, como excavadoras y vagonetas, para abrir el camino.
Más de un año después, la firma Cacisa fue contratada por el Conavi, también al amparo del decreto de emergencia, para supervisar lo que estaban los contratistas hacían desde meses atrás.
De hecho, en mayo del 2012, Roberto Cambronero, ingeniero de Cacisa, describió así lo que encontraron cuando llegaron a la zona: “Llegamos a un corte de cajón, un corte a los dos lados (de la trocha). Entonces, le preguntamos al encargado ¿cuánto le falta?, ¿qué está haciendo? ‘Ah, estoy cortando’. ¿Y cuánto le falta? No sabía porque, al no haber un diseño, usted perfectamente puede decir ‘déjemelo aquí’”.
Gerardo Prada, también socio de Cacisa, explicó en esa época que los maquinistas recibieron la orden de abrir la trocha en la margen del río San Juan, sin diseño.
En un reportaje publicado por La Nación en el 2012, José Manuel Sáenz dijo que los kilómetros más cercanos a la zona del conflicto se pudieron hacer bajo la modalidad escogida debido a la urgencia, pero el resto ameritaba un plan básico: “Estamos en el siglo XXI. Se requiere de un diseño; esta carretera es como ir de San José a la entrada de Moín; es una carretera muy grande. Pensar en hacer 150 kilómetros a pura máquina, sin diseño (...); voy a lo que es la parte de acuciosidad profesional; así no se hace”.
Esta semana, Prada declaró que el Conavi solo les pagó las labores de un mes.
En marzo del 2012, Cacisa ganó un contrato para diseñar los planos de la obra, pero esta adjudicación fue anulada por la Contraloría a causa de la apelación de un competidor. Finalmente, ese contrato no fue necesario, pues no se diseñó la carretera y los trabajos de la trocha no continuaron.
En cuanto a los aparentes actos de corrupción, el Ministerio Públicó acusó a tres funcionarios del Conavi, tres particulares que simularon ser inspectores de obras de esa entidad, 18 empresarios y dos mujeres esposas de dos de los imputados.
Esta información forma parte del proyecto “No coma cuento”, una iniciativa de La Nación que busca analizar la veracidad de la información que está circulando en redes sociales, durante la campaña electoral. Usted puede formar parte de este proyecto enviándonos información que le parezca falsa o poco confiable al WhatsApp 6197-1494 o al correo lucia.astorga@nacion.com.