Fiscal general pide dar prioridad a proyecto para reformar prisión preventiva

El fiscal general, Carlo Díaz, pidió a los diputados dar prioridad a un proyecto de ley que reformaría las condiciones para dictar prisión preventiva a los sospechosos de delitos. El texto ya está redactado, pero aún no ha entrado a la corriente legislativa.

Así lo declaró Díaz después de que el presidente legislativo, Rodrigo Arias, y representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial presentaron a los jefes de fracción del Congreso, la mañana de este martes, diez proyectos de ley impulsados por una comisión de los supremos poderes que busca mejorar la seguridad ciudadana.

“Para nosotros es muy importante el proyecto de ley donde se incorporan nuevas causales para otorgar la prisión preventiva; este es nuevo. Básicamente, lo que se busca es proteger la comunidad, la seguridad el Estado y de la nación”, declaró Carlo Díaz, quien precisó que el plan reformaría dos artículos de la legislación actual.

“Hay un artículo que habla de protección a la víctima. Entonces, queremos ampliar la protección a la comunidad, por ejemplo con el caso que sucedió en Loma Linda de Patarrá. Los jueces hoy valoran si existe peligro de obstaculización y fuga y eso los limita porque, de alguna manera, las personas siempre van a tener sus arraigos, entonces dejamos desprotegida a la comunidad.

“Se propone que el juez no se vea amarrado a que siempre tenga que haber peligro de obstaculización o fuga para dictar prisión preventiva, sino que se valore que se cometa un delito, que exista prueba de ese delito y que, además, se den otros supuestos como la protección a la comunidad, la seguridad del Estado y de la ciudadanía, porque estos casos prácticamente son de terrorismo. Es una ampliación de las causales de prisión preventiva”, continuó el fiscal.

Díaz dijo que los supremos poderes han procurado depurar este y los demás proyectos con redacciones sencillas y eficaces, pero está consciente de que eso “no soluciona todo el problema”, pues la ola de crimen se trata de un problema integral.

“Incluso, lo dijo uno de los legisladores, tenemos que invertir en seguridad, y creo que eso es importantísimo. No quiero dejar de resaltar que efectivamente la inversión es necesaria cuando vemos, por ejemplo, que el OIJ, actualmente, ha destinado oficiales de todo el país a sostener una operación en Limón y, a raíz de esa operación, han disminuido los homicidios en Limón, por lo menos los de sicariato. No ha habido ningún homicidio de sicariato en Limón, por lo menos en estos 15 días”, declaró.

Por su parte, Rodrigo Arias explicó que los delegados de los supremos poderes hicieron una “amplia explicación” sobre cada uno de los proyectos, sus implicaciones y escucharon algunos criterios de los diputados jefes de bancada.

Agregó que, si bien aún los legisladores deben evacuar dudas, “el objetivo principal parece que se ha cumplido”.

“Yo interpreto que, en principio, hay un aval de las jefaturas de fracción hacia estos 10 proyectos”, dijo Rodrigo Arias.

Según el jerarca legislativo, aparte de estos instrumentos legales que se otorgarán al Poder Judicial, al OIJ y a la Fiscalía, para combatir el narcotráfico y otros delitos, “vendrán otras medidas que habrá que tomar y que son parte integral de la solución a esta problemática”.

La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, mencionó que siete proyectos ya están en la corriente legislativa.

“Tenemos que definir cuál de estos proyectos es el prioritario en cuanto a la dispensa de trámite, cuál procedemos a acelerar, porque hay muchos que ya están avanzados y que no procede esta dispensa, porque prácticamente están finalizando su trámite legislativo, lo que habría que hacer es modificar algunos de los textos”, dijo Natalia Díaz.

No obstante, la ministra enfatizó que el fiscal general pidió dar prioridad al plan sobre prisión preventiva.

“Cuando se habla de una dispensa de trámite, quiere decir que el proyecto no pasa por el proceso regular en una comisión, las audiencias y demás, porque ya la mesa de trabajo tuvo esa labor previo con la Fiscalía, con el OIJ, con todos los jerarcas respectivos, con la Sala III inclusive”, agregó.

De acuerdo con la jerarca del Ministerio de la Presidencia, ahora los diputados evaluarán la redacción de cada proyecto para que pronto, Rodrigo Arias, coordine con los jefes de fracción para establecer una reunión de retroalimentación con los representantes de los poderes.

Los diez proyectos impulsados por los supremos poderes son los siguientes:

-Un plan sobre capitales emergentes que permitiría al Estado disponer de bienes que las personas no puedan justificar, mientras se espera una sentencia.

-Ampliar a diez años o más el periodo durante el cual deben constar, en el registro judicial, las condenas recibidas por las personas a partir del momento en que terminen de cumplir la sentencia.

-Un incremento en las penas para quienes se dedican a los préstamos gota a gota. Las sanciones alcanzarían los 15 años en caso de que el delito sea cometido por bandas del crimen organizado.

-Ampliación de los delitos en que el Poder Judicial puede efectuar intervenciones telefónicas en investigaciones penales, además de establecer un plazo para que los jueces resuelvan las solicitudes de escuchas.

-Endurecimiento de penas por posesión y uso de armas ilegales.

-Una reforma para restringir la posibilidad de otorgar arresto domiciliario, con tobilleras electrónicas, a las personas sentenciadas a prisión.

-Un proyecto que ampliaría el margen para que los jueces puedan dictar prisión preventiva a sospechosos de delitos.

-Una iniciativa para endurecer las penas a los adultos que usen menores de edad en delincuencia.

-Una reforma para ampliar los procesos judiciales contra los menores de edad. Actualmente, el plazo para formular una acusación y solicitar el internamiento de un menor es de 24 horas, lo cual, en algunos casos relacionados con crimen organizado, se percibe como un período relativamente breve. Por ende, se busca extender este plazo para asegurar un proceso más exhaustivo y adecuado en situaciones de mayor complejidad, según el fiscal general.

-Una reforma para impedir la naturalización a extranjeros condenados por delito doloso, con pena de prisión superior a los tres años en los últimos diez años, sea en Costa Rica o en el extranjero.