Diputados critican al Gobierno por mezclar impuestos con exclusión de lista negra de UE

Este plan propone que las personas paguen impuesto de renta sobre la totalidad de sus ingresos, en vez de hacerlo por separado, pero a la vez aumentaría a un 30% el tributo para pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, el planteamiento para sacar al país de la lista negra consiste en cobrar tributo sobre las ganancias pasivas obtenidas en el exterior por inversiones de fuente costarricense. Las rentas pasivas son, por ejemplo, rendimientos de bonos bursátiles o dividendos de acciones.

La liberacionista Paulina Ramírez, la socialcristiana Daniela Rojas y el liberal Eli Feinzaig consideran inconveniente mezclar ambos temas en un mismo proyecto.

Argumentaron que existen diferencias de plazo, tipo de discusión y apoyo para cada uno de los temas.

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Los ministros de Finanzas de la UE incluyeron a Costa Rica en la lista negra porque el país no ajustó su legislación para evitar doble no imposición, es decir, que personas y empresas no paguen impuesto ni en un país ni en otro sobre ganancias provenientes de inversiones financieras o de compra de acciones de empresas, entre otras.

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Para Paulina Ramírez, quien preside la Comisión de Asuntos Hacendarios, gravar las rentas pasivas extraterritoriales debe abordarse de forma independiente, dado que es un requerimiento de la UE que debe quedar aprobado a más tardar en setiembre próximo.

El cambio permitiría al país salir de la lista negra de países no cooperantes en materia tributaria con el bloque europeo. “No hacerlo afectará la economía y podría alejar la inversión europea del país”, recordó la verdiblanca.

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Sobre el proyecto de renta global, la legisladora considera que no tiene viabilidad técnica ni política para ser aprobado en el corto o mediano plazo.

Feinzaig, jefe de bancada del PLP, sostiene que el compromiso con los europeos debe cumplirse aprobando un texto sencillo que vaya al grano. Tales son los casos de un proyecto presentado por su partido y otro del PUSC.

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Actualmente y hasta finales de julio, el Gobierno maneja la agenda de la Asamblea Legislativa. Cuando los diputados la retomen, ya solo faltarían dos meses para la próxima revisión de la UE, en octubre.

Expuso que una reforma al impuesto de renta debe discutirse de forma pausada, con tal de definir con claridad cuál tributo subir o qué sectores deben quedar exentos.

“También, se tiene que discutir cómo debe ser el sistema tributario costarricense para fomentar la actividad económica, la generación de empleo y la riqueza, y no solo con una visión fiscalista de maximizar la recaudación”, apuntó Feinzaig.

Daniela Rojas coincidió con sus colegas en que el compromisos con la UE es prioritario, mientras que el plan de renta global no está consensuado y carece de apoyo como para que quede aprobado en los próximos meses.

“Complica el camino”, señaló la socialcristiana sobre la mezcla hecha por el Gobierno en un mismo texto.

“Ya el Poder Ejecutivo conocía de la negativa de varias fracciones, sobre todo la nuestra, de apoyar la creación de nuevos impuestos o porcentajes más altos de los impuestos existentes. Ese no es el camino para el país ni tampoco para sacar a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea”, añadió.

La diputada del PUSC recordó que, meses atrás, su bancada presentó una iniciativa de ley para cumplir con el bloque europeo. A diferencia del presentado por el Gobierno, explicó, el de su partido no genera más impuestos o cargas al sector productivo.

“La propuesta nuestra promueve principios de buena gobernanza como la transparencia fiscal, la equidad tributaria y las normas internacionales contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios”, detalló Rojas.

Esa iniciativa, presentada en el mes de febrero, permitiría cobrar impuesto sobre rentas pasivas únicamente a las que podrían considerarse “empresas de papel”.

Es decir, aplicaría a firmas que se domicilien en Costa Rica, pero que hacen sus inversiones afuera, sin que el sistema tributario hoy les exija pagar impuesto.

El tributo se les impondría sobre rentas pasivas obtenidas en el exterior como dividendos, intereses, regalías y otros rendimientos del capital mobiliario; al tiempo que les otorgaría un crédito fiscal en caso de que hayan tributado en el exterior, para que lo acrediten en Costa Rica.