BCR solicitó a Presidencia crear comisión para analizar crédito de exjerarca del banco

Carvajal fue nombrada presidenta de la Junta Directiva del BCR en agosto de 2022 y ocupó el cargo hasta mayo de 2023. El 30 de junio de ese mismo año, asumió como gerenta general del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Hasta el 22 de abril, el BCR, un banco público estatal, no había recibido respuesta del Consejo de Gobierno en relación con la solicitud planteada por la Junta Directiva, según confirmó la entidad financiera a La Nación. El 26 de abril, este medio volvió a consultar a la institución a través de correo electrónico, y solo se obtuvo el acuse de recibo. Al cierre de edición de esta nota, aún no se había obtenido respuesta.

Asimismo, la Casa Presidencial aún no responde a las consultas enviadas por este diario el 20 de marzo y reiteradas el 1.º y el 26 de abril.

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Ante la pregunta sobre por qué las máximas autoridades del BCR se involucran en casos de crédito, la entidad explicó que las juntas directivas de los bancos del Estado no aprueban operaciones crediticias. En cambio, por mandato legal, este poder se delega en el comité de crédito, que debe informar a la Junta sobre los asuntos resueltos dentro de los ocho días naturales siguientes a cada reunión.

Además, la entidad señaló que no podía revelar información sobre operaciones crediticias específicas de clientes debido a las disposiciones de confidencialidad de este tipo de información (secreto bancario).

Carlos Fernández, exgerente del BCR, explicó que la Junta Directiva conoce los casos aprobados por el comité de crédito del banco, el cual analiza casos que superan un determinado monto fijado internamente que es desde los $2,4 millones. Luego, se presenta un resumen de cada caso a los directores para su conocimiento. Fernández aclaró que la Directiva tiene la facultad de vetar algunos créditos, pero no de votar a favor o en contra.

Crédito aprobado en diciembre

El crédito de Carvajal fue aprobado en el mes de diciembre, según confirmó ella mediante un correo electrónico, el pasado 2 de abril. “El crédito recién fue aprobado a fines del mes de diciembre, a través de una entidad bancaria pública (BCR)”, indicó. En tanto, la entidad financiera aseguró que los casos conocidos por la comisión especial de crédito, no pueden ser formalizados en forma inmediata, razón por lo que la ejecución de las operaciones aprobadas toma algunas semanas.

Carvajal, indicó que la gestión ante las instancias bancarias las realizó “a nivel absoluta y estrictamente personal, como mujer jefa de hogar que tiene a cargo a su familia”. Señaló que después de analizar el trámite incluso desde las perspectiva legal, consideraba que hay aspectos o datos requeridos en las consultas realizadas por este medio que están amparados por el secreto bancario, “entendido en nuestra jurisprudencia como manifestación del derecho a la intimidad”. La consulta específica fue sobre el monto del préstamo solicitado.

Aseguró que todas sus gestiones fueron legales y éticas, sin ninguna irregularidad. “Con la transparencia de siempre, estando interesada como profesional en un crédito de vivienda, recabé y analicé las condiciones disponibles de distintas entidades financieras. Como lo hacen miles de personas asalariadas en el país, dediqué tiempo para realizar ese análisis, ventanilla por ventanilla, lo cual me permitió comparar factores como las tasas, medir mi capacidad de pago, el tema y disponibilidad de la prima siempre relevante, y efectuar entonces las gestiones para solicitar dicho crédito”.

Agregó que en octubre pasado solicitó las ofertas en al menos dos bancos (uno público y uno privado), siguiendo todo el proceso regular, cumpliendo con la normativa y requisitos.

Carvajal aseveró que no hizo ninguna gestión para la solicitud de este crédito de vivienda en el Banco Popular, donde es la gerenta general, pese a que pudo haber resultado más sencillo y que no existe impedimento legal para ello. “Precisamente, por un tema de integridad y ética, y para resguardar siempre a la propia institución y evitar cualquier tipo de duda o posible mala interpretación, dado el cargo que tengo la bendición y la responsabilidad de ocupar en la actualidad”, comentó.

La decisión de la Directiva

De acuerdo con el acta BCR-0224, de la sesión de Junta Directiva del 15 de enero pasado, el comité de crédito presentó a este órgano colegiado el informe crediticio 52-2023CC. En esta reunión, Fernando Víquez Salazar, presidente del banco, señaló que los seis directores presentes deberían inhibirse de conocerlo “por tener o haber tenido una relación con la persona a la que se le está dando el crédito”.

Víquez solicitó a Juan Carlos Castro Loría, asesor jurídico de la Junta Directiva, y a Manfred Sáenz Montero, gerente corporativo jurídico, sus opiniones. Sáenz explicó que la ley establece que la junta debe conocer los acuerdos en un plazo de ocho días, pero consideró que esta situación excepcional requería una decisión más informada y documentada.

En consecuencia, Víquez propuso retirar el tema de la agenda y se acordó que la gerencia corporativa jurídica y el asesor jurídico presentaran un criterio sobre posibles conflictos de interés de los directores, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley 1644.

La exclusión del tema fue respaldada por los directores Luis Emilio Cuenca Botey, Eduardo Rodríguez del Paso, Néstor Eduardo Solís Bonilla, Mahity Flores Flores y María del Pilar Muñoz Fallas, según consta en el acta. Una semana después, en el acta BCR-0324, de la sesión celebrada el 22 de enero, la Junta Directiva aprobó el acta anterior y declaró confidencial el acuerdo sobre el crédito en referencia.

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Posteriormente, en la sesión BCR-0424, del 29 de enero, Sáenz Montero, hizo referencia a la inhibición de los seis directores “por el asunto de doña Gina (operación de crédito de Gina Carvajal Vega)”. Propuso separar este tema en un acuerdo no confidencial distinto, sin entrar en detalles de la naturaleza del crédito ni el monto, porque señaló que no era necesario y se estaría comunicando a Casa Presidencial, para solicitar el establecimiento de una comisión ad hoc. De acuerdo con el acta, la propuesta fue respaldada por Víquez y por Castro Loría.

Una comisión ad hoc es una comisión especial que analiza un caso específico en un plazo determinado. En esa misma sesión se presentó el borrador del análisis jurídico sobre la inhibición de los directores, basado en dos criterios jurídicos presentados anteriormente por Sáenz y Castro y se acordó elaborar un artículo público que detallara la situación de la inhibitoria de los directores en relación con el crédito otorgado a Carvajal Vega.

La Directiva suscribió el 22 de enero un documento en el que manifiestan que les asiste un motivo de impedimento para conocer del informe del comité de crédito 52-2023CC, únicamente en lo relativo a la operación crediticia otorgada a Carvajal, y hace referencia a que fungió como integrante de la Junta Directiva del Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica, hasta el pasado 30 de junio del 2023, cuando se hizo efectiva su renuncia a tal designación..

Además, se cita el artículo 12 del Código Procesal Civil, que regula una serie de causales de impedimento, que obligan a los órganos decisores a apartarse del conocimiento de un determinado asunto. Dentro de dichas causales destacaron “ser o haber sido, en el último año, compañero de oficina o de trabajo de alguna de las partes”. También se cita el deber de probidad, establecido en el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

La Directiva deja constancia que a la directora Sonia Mora Jiménez, no le afecta el impedimento expuesto por haber sido designada en el cargo en setiembre del 2023, “razón por la cual podrá participar conjuntamente con los directores de la Junta Directiva ad hoc, que decida nombrar el Consejo de Gobierno para el conocimiento del crédito antes aludido, aprobado a la Señora Carvajal Vega”.

Finalmente, se decidió solicitar al Consejo de Gobierno el nombramiento de una junta directiva ad hoc para este asunto, o en su defecto, se solicite a los miembros actuales que conozcan el caso según la Ley General de la Administración Pública. El acuerdo, según el acta pública, se declaró confidencial debido a su relación con operaciones de clientes bancarios (secreto bancario) y de uso restringido.