La Defensoría de los Habitantes acudió a la Sala Constitucional en un intento de frenar el desalojo en la finca Chánguina, en Palmar Sur de Puntarenas. La acción debe ser ejecutada por el Ministerio de Seguridad Pública a más tardar el 25 de diciembre, según la orden que emitió en setiembre el Tribunal Contencioso-Administrativo.
La medida afectaría a poco más de 90 familias que ocupan una finca bananera por causa de un conflicto, que se inició hace 14 años, cuando los propietarios hicieron las primeras solicitudes de desalojo.
Esta gestión, sin embargo, se llegó a concretar el 31 de julio. Esto provocó el bloqueo del puente sobre el río Grande de Térraba por una semana, protesta que concluyó con el regreso de los manifestantes a la finca.
Fue por razón que hubo una nueva solicitud de desalojo ante el Contencioso.
Según la Defensoría, están conscientes de que la acción se realiza para reinvidicar el derecho de propiedad, no obstante, pide considerar que fue con la tolerancia de los mismos propietarios que se originó el asentamiento en la finca.
Asimismo, el ente apela a criterios de derechos humanos e incluso religiosos para posponer la acción.
"El hecho de que las personas que habitan en el inmueble no posean un título de propiedad, no significa que el Estado pueda excusarse de atender las disposiciones que en materia de Derechos Humanos se han venido desarrollando en torno al tema de los desalojos, donde se busca visibilizar la realidad de las personas que, atendiendo a la necesidad de tener lugar para vivir en el que puedan al menos satisfacer sus necesidades básicas, se han visto obligados a ocupar terrenos respecto a los cuales no son propietarios", dice la Defensoría.
Pide, además, considerar que la mayoría de costarricenses son católicos y esta época es de festividades importantes al celebrarse el nacimiento de Cristo.
En el recurso de amparo presentado ante la Sala este miércoles, la Defensoría también reclama la falta de respuestas del Ministerio de la Presidencia a las propuestas para manejar el caso.
Editora de Sociedad y Servicios Públicos. Graduada en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Tiene una maestría en Periodismo y una licenciatura en Derecho.
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