Marta Acosta, contralora general de la República, llamó al gobierno garantizar transparencia en la entrega de subsidios a los trabajadores afectados económicamente por el nuevo coronavirus.

Afirmó que el Poder Ejecutivo debe de emitir un reglamento o decreto que regule la entrega del primer paquete de ayuda a los damnificados por un monto global ¢150.000 millones.

“Me parece que se deben estipular temas sencillos como, por ejemplo, quién va a pagar. ¿Va a ser el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda? ¿Quien va a asumir tal responsabilidad? Ayer vi indicadores de control y fiscalización, pero ¿quién va a llevar adelante esas evaluaciones, esas fiscalizaciones?”, preguntó la jerarca de la Contraloría.

Acosta emitió esa opinión, este mediodía, durante una comparecencia en la mesa de trabajo virtual de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios.

Ahí se discute un primer presupuesto extraordinario de ¢377.000 millones para atender la emergencia, de los cuales, ¢150.000 millones serán destinados a bonos familiares del plan Proteger.

La ayuda monetaria consiste en otorgar subsidios de ¢125.000 mensuales a quienes perdieron el trabajo o les suspendieron el contrato laboral, y de ¢62.500 mensuales a quienes les redujeron las jornadas laborales.

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La inquietud sobre la transparencia del plan la expuso la diputada libercionista y presidenta de la comisión de Hacendarios, Ana Lucía Delgado. Según dijo, lo hace con el fin de que se garantice que los recursos del plan Proteger lleguen realmente a los necesitados.

“Se habla de subsidio de condición laboral, pero ayer escuchamos atención de familias del IMAS que no pasaron por plataforma, sino que habían sido censados durante el último año y medio”, dijo Delgado.

“Tenemos claridad que hay familias en condición vulnerable. Sin embargo, al no utilizar los mecanismos que ya de por sí se establecen, a través del bono Proteger, esto podría generar algún tipo de cuestionamientos”, continuó la legisladora.

Al respecto, Acosta añadió que aún hay temas de “control interno” y de “responsabilidades” que se deben de aclarar más allá de las propuestas sobre el monto del subsidio o de cuántas personas solicitaron la ayuda.

Casi 331.000 personas han completado el formulario para solicitar el bono, según un corte difundido este martes por el gobierno.

“También, tiene que haber indicadores y criterios sobre la calidad: si realmente los subsidios se entregaron a quienes realmente los necesitaban, y esos criterios y esas reglas tienen que estar claras tanto para las personas que van a tomar decisiones en la administración pública como para la ciudadanía”, puntualizó la contralora.

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Recomienda ajustes

Del dinero restante de este primer presupuesto extraordinario, ¢224.649 millones serán para mejorar el perfil de la deuda pública, sustituyendo la obtención de más deuda interna por recursos provenientes de un crédito del Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF) con mejores condiciones.

Además, se destinarán ¢2.429 millones a reforzar la labor del Ministerio de Salud.

En la misma comparecencia, la contralora señaló que, si bien este primer paquete de gastos solo incrementa en un 0,2% el déficit financiero, existen otros ajustes pendientes que eventualmente deberán realizarse al presupuesto nacional 2020.

Como ejemplo, citó el impacto en la disminución de la actividad económica que incidirá en la recaudación de impuestos.

En este aspecto, mencionó que se desconocen los efectos de la Ley 9830 que establece una moratoria en el pago del IVA por tres meses.

También, afirmó que será necesario ajustar la partida de pago de intereses y amortización de la deuda pública en el 2020, producto de los cambios que el Ministerio de Hacienda ha hecho en el manejo del endeudamiento.

En cuanto al cumplimiento a la regla fiscal, la Contraloría pide que el gobierno detalle la justificación del levantamiento de esa norma debido a la emergencia, por un monto global de ¢227.509 millones (0,6% del PIB) a cuatro instituciones.

Estas son el Ministerio de Trabajo, Instituto Mito de Ayuda Social (IMAS), Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) y el Cuerpo de Bomberos.

“Hay que ir definiendo cuál es ese tope al crecimiento en las circunstancias actuales”.

“Implícitamente, esta propuesta que se está discutiendo podría generar un gasto corriente devengando para el 2020 de hasta un 5,7% con respecto al gasto devengado en 2019”, puntualizó la contralora.