Contralora: Proyecto de venta de BCR ‘contraviene la transparencia’

Mencionó que el texto propuesto por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles contempla una “huida de los controles” legales establecidos para asegurar la transparencia en los procesos de contratación pública.

El 16 de agosto, el mandatario anunció el plan de venta del BCR y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), el cual requiere, para ser aprobado, del voto de al menos 38 de los 57 diputados. La transacción la estimó en ¢1,2 billones “que usaremos para reducir la deuda pública”. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, la cuantificó en $2.000 millones.

En una presentación hecha este miércoles, ante la Comisión de Asuntos Económicos, la funcionaria criticó que la propuesta haga a un lado la aplicación de las normas de la Ley de Contratación Administrativa. Así ocurriría, por ejemplo, a la hora de contratar a la persona o empresa que asesoraría al Consejo de Gobierno en la venta del BCR.

El texto propuesto por Presidencia establece que un comité de cinco ministros (Hacienda, Presidencia, Planificación, Economía y Trabajo) contratará la asesoría sin necesidad de acudir al sistema de compras públicas, sino que lo hará con base en entrevistas. Además, no hay parámetros para la definición del porcentaje de comisión que recibiría, por la venta del banco, la persona encargada de la asesoría.

El artículo 13 de la iniciativa, sobre el pago de la firma, establece que los honorarios “serán determinados por el Consejo de Gobierno con base al análisis de mercado que proporcione el Comité de Venta (conformado por ministros) y podrá incluir un honorario fijo y otro incentivo fijado como un porcentaje de precio de venta”.

Marta Acosta declaró tener serias dudas de constitucionalidad del proyecto en relación con el artículo 182 de la Constitución Política, el cual establece que los contratos de las instituciones públicas se harán mediante licitación.

Enfatizó que hay muchos vacíos en el texto. Se omite el plazo para la recepción de ofertas y las reglas sobre el régimen de presentación de recursos contra el procedimiento, como si se pretendiera exceptuar ese procedimiento de todo control, “lo cual es improcedente”.

Asimismo, cuestionó que el proceso de subasta se le encargue al Consejo de Gobierno. Mencionó que la Sala Constitucional ha dicho que ese órgano, conformado por el mandatario y sus ministros, es de naturaleza política y no está habilitado como un órgano de administración activa.

“No me corresponde a mí decir si es inconstitucional, porque eso le corresponde a la Sala Constitucional, pero tenemos dudas razonables de constitucionalidad. Vemos eventuales roces en relación con los artículos 182 y 176, en relación con la sostenibilidad financiera”, detalló.

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Por otra parte, la Contraloría General cuestionó que el proyecto le fije un plazo de un mes a esta institución para resolver eventuales recursos de oferentes que no ganen la subasta de las acciones del banco y que, si no contesta en ese plazo, “su silencio implicará el rechazo de la apelación”.

Para Acosta, ese plazo no es razonable ni proporcional, además de que se plantea que, en caso de incumplirlo, habría un castigo para la entidad contralora.

En su presentación, la contralora añadió que hay inconsistencias en cuanto al traslado de activos entre la institución autónoma BCR y la sociedad mercantil que se crearía, cuyas acciones serían vendidas.

“El sistema de control debe ser claro en procura de seguridad jurídica y de mitigar los riesgos que conlleva una venta de esta índole. La iniciativa no es viable en los términos planteados”, detalló Acosta.

Valoración del BCR

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La contralora enfatizó que tampoco se realizó una adecuada metodología para valorar la entidad, y que la propuesta conlleva un cambio importante en el diseño institucional del Estado.

Agregó que limitar la discusión de la crisis fiscal a la venta de activos sería “parcial y cortoplacista”, amén de que el gobierno de Rodrigo Chaves no ha planteado una solución adicional a la venta del BCR.

Incluso, la contralora dijo que no está claro el impacto real de la venta del BCR para la deuda pública, por lo que se corre el riesgo de que la solución no esté en línea con la problemática, “que es muy profunda”.

“Aunque la venta de activos es una opción para la deuda del país, la dinámica de la deuda y la problemática fiscal tienen múltiples causas que se deben identificar si se desea un abordaje exitoso”, apuntó.

También comentó que el proyecto no presenta claridad en los motivos de la venta, de previo a iniciar el proceso, ni cuenta con la adecuada metodología para valorar la venta de la entidad.

“El proyecto es omiso en cuanto a las razones de seleccionar el BCR como un activo por vender, más allá de la metodología para la valoración. Aunque la propuesta es disminuir la deuda, no se refleja con claridad la posibilidad de cumplir el objetivo”, expuso.

Acosta insistió en que, para la eventual venta del BCR, se debe contar con reglas precisas para evaluar el negocio que se busca vender.

Sin análisis del costo social

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Frente a consultas de los diputados Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Óscar Izquierdo y Montserrat Ruiz, de Liberación Nacional (PLN), la compareciente negó que haya un análisis del costo-beneficio de la venta y de la rentabilidad social de la entidad bancaria.

También, respondió a la frenteamplista Sofía Guillén que el proyecto, en general, debería tener un grupo o unidad más fuerte de supervisión y control, y que la Contraloría pueda participar en la revisión de los recursos.

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