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Las diputadas Vanessa Castro, del PUSC (centro), y Dinorah Barquero, del PLN (derecha), forman parte de la comisión legislativa que investiga el financiamiento de los partidos políticos. Foto: (Albert Marín)
Con votación de mayoría, los diputados aprobaron este lunes, en el plenario, ampliar por 90 días del plazo de funcionamiento de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales de la campaña del 2022.
La decisión se tomó luego de que el canciller Arnoldo André no asistió a la comparecencia prevista para este lunes, hecho que despertó la preocupación entre los diputados, debido a que el plazo de trabajo del órgano vencería el 28 de agosto.
En primera instancia, el plazo de la comisión se amplió sin mayor problema, con 36 votos a favor y nueve en contra, aunque se generó polémica a la hora de conocer las mociones de revisión de esa votación.
Los legisladores que votaron en contra fueron solamente oficialistas: Ada Acuña (quien integra el foro), Waldo Agüero, Luz Mary Alpízar, Alexánder Barrantes, Pilar Cisneros, Manuel Morales, María Marta Padilla, Jorge Antonio Rojas y Daniel Vargas.
La polémica se generó al conocer tres mociones de revisión presentadas, pues el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, iba a permitir la discusión y votación de las tres, pese a que había definido otras reglas para ese tipo de mociones.
Finalmente, luego de una reunión con los jefes de fracción, se determinó mantener las reglas originales y que solo se discutiera y votara una revisión, con cinco minutos para hablar a favor y cinco en contra.
En ese momento, Ariel Robles, del Frente Amplio, enfatizó lo necesario que se ve ahora el trabajo de la comisión, a lo que varias fracciones legislativas se opusieron cuando esta fue creada.
“¿Qué hubiera pasado si no nos hubiéramos cuenta de las cosas que ahí han surgido? Los vínculos de diputadas y exministras con troles que pasaban despotricando en contra de la institucionalidad, diputados y diputadas”, manifestó.
También, mencionó la información relacionada con el supuesto pago de favores políticos a financistas de campaña. “Claro que el oficialismo se une para que no continúen las investigaciones que están escarbando la corrupción de una campaña”. dijo.
En cambio, la oficialista Ada Acuña criticó el manejo de la liberacionista Dinorah Barquero, presidenta de la comisión investigadora. “No hay una lógica de trabajo. La única estrategia es qué va a decir el periódico, qué se está haciendo públicamente, para ver a quién llaman”, alegó la herediana.
Adujo que “no hay ningún tipo de trabajo coherente, sino una falta de respeto absoluto”, y alegó que “sobre todo lo que tiene esta comisión es especulación sobre la forma en que dicen las cosas, sobre las pruebas, que no hay, e ideas comunes de dos o tres diputados”.
“Esto va al ritmo de los acontecimientos políticos, circunstanciales, por eso necesitan tres meses más. Es evidente que hay coordinación entre los titulares de ciertos medios, que antes de terminar una comparecencia, ya está listo el titular”, dijo..
Días atrás, la comisión había aprobado, por mayoría y con el único voto en contra de la oficialista Ada Acuña, una moción para solicitar al plenario la ampliación del plazo por 90 días.
La intención de Pilar Cisneros, jefa de bancada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), era que solo se avalara una prórroga de un mes.
Tanto los legisladores liberacionistas Dinorah Barquero y Francisco Nicolás, así como Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), consideraron necesario autorizar el funcionamiento del órgano investigador por tres meses más.
La moción solo necesitaba el voto afirmativo de la mitad más uno de los diputados presentes en el plenario al momento de su votación, es decir, la mayoría absoluta.
La comparecencia del canciller André fue la segunda que se debió cancelar en la comisión de financiamiento electoral, debido a que la persona citada se encuentra fuera del país.
Una situación similar se presentó el pasado lunes 7 de agosto, cuando se suspendió una audiencia con Sofía Agüero y Jack Loeb, citados a referirse sobre una supuesta estructura paralela de financiamiento de la campaña del hoy presidente Rodrigo Chaves.
En el caso de Loeb, la audiencia se pudo realizar finalmente el martes 15 de agosto, por la noche.
‘Ampliación no es antojadiza’
Dinorah Barquero explicó que todavía hay muchas audiencias pendientes de realizarse, entre ellas las de Arnoldo André y Sofía Agüero, exasistente de Chaves en campaña. Esta última regresa al país en la segunda semana de setiembre, pues está haciendo un curso en Londres, Inglaterra.
“Esto no es una extensión antojadiza. Los 90 días que ya se habían ampliado se fueron en sesiones extraordinarias, cuando el plenario sesionaba mañana, tarde y noche. La nueva solicitud es necesaria”, aseveró la liberacionista.
También, se debe recibir en audiencia al empresario Calixto Chaves, quien fungió como director de la campaña del hoy presidente de la República, así como a Bernal Jiménez, otro de los financista de la campaña.
Barquero también planteó la posibilidad de convocar al asesor presidencial Federico Cruz y aseguró que existe la posibilidad de que, con las nuevas comparecencias, surja la necesidad de llamar a personas adicionales.
La comparecencia prevista para este lunes con el canciller era de especial interés para los miembros de la comisión investigadora, pues el miércoles y jueves de la semana pasada, el fiscal general dirigió un allanamiento en el bufete del ministro, Lexincorp.
Específicamente, las diligencias judiciales se dieron en la oficina de la sociedad anónima ATA Trust Company, administradora del fideicomiso Costa Rica Próspera, que financió parte de la campaña de Chaves.
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