Atraso en ley de empleo público pondría en riesgo crédito de $250 millones, advierte la Contraloría

La advertencia la realizaron el subcontralor general, Bernal Aragón, y la gerente del área de fiscalización para el desarrollo de las finanzas públicas de la Contraloría General de la República (CGR), Julissa Sáenz, ante los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

El riesgo obedece a que el desembolso del préstamo está ligado a cumplimientos de compromisos fiscales, entre estos, la aprobación del proyecto de empleo público. Actualmente, esa reforma está siendo sometida a consulta de instituciones y podría ser discutida la próxima semana en el plenario legislativo de cara a una nueva votación en primer debate.

Aragón advirtió que la aprobación de la reforma de empleo es una “condición inmediata del préstamo”. Sáenz agregó que se tendría que renegociar el contrato de empréstito si el país incumple con la aprobación de dicha ley.

“Estos contratos tienen fecha límite establecida y podrían cambiar las condiciones del mismo”, respondió Sáenz a las consultas de la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado.

El crédito forma parte de un paquete de $500 millones para apoyo presupuestario al Gobierno que se vencen el 20 de diciembre. El primero de estos por $250 millones que, se desembolsaría en un solo tracto, está sujeto a la mejora fiscal y del gasto público, además del avance de dicha legislación.

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Frente a los riesgos señalados, Aragón y Sáenz recomendaron a los diputados aprobar el financiamiento antes del 20 de diciembre y que luego se quede a la espera del futuro de empleo público en el Congreso. Si no se avala la reforma a esa fecha lo que se atrasaría es el desembolso, aclaró Sáenz ante las consultas de la diputada oficialista Laura Guido.

“¿Cuál debería ser el orden? Primero se aprueba el contrato de crédito, se cumplen las condiciones y se hace el desembolso. ¿Qué pasa si al 20 de diciembre no se ha aprobado el contrato de préstamo? El BID como prestatario tiene la potestad de decir que tal vez la tasa que había propuesto ya no es posible y habría que volver a generar otras condiciones.

“Pero podría ser que se apruebe antes del 20 de diciembre el contrato y que la ley de empleo público no esté aún aprobada. No pasa nada, el desembolso se haría hasta que la ley de empleo público esté aprobada”, consideró Sáenz.

En este último escenario, Aragón dijo: “Es claro, ahí lo que se congela prácticamente es el desembolso porque es una decisión resolutoria. Ya tendría que entrar en una negociación como una prórroga o condición especial del Banco para poder soslayar esto”.

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El expediente de la reforma al empleo público retornaría la próxima semana al plenario en los primeros lugares de la agenda para ser discutido por el fondo en primer debate. Si se aprueba, es probable que un grupo de diputados decida consultarlo de nuevo ante la Sala Constitucional sobre aspectos no preguntados en la primera ocasión. Para la gestión se necesita de al menos 10 firmas.

De enviarse de nuevo a revisión, la Sala tendrá que evaluar su admisibilidad.

Si la consulta cumple con los parámetros de legalidad, los magistrados tendrían un mes para pronunciarse. El conocimiento en segundo debate, si la iniciativa supera la revisión y no requiere de más ajustes, coincidiría con el final de año, tiempo de vacaciones legislativas.

Aragón y Sáenz no dijeron si el requisito de la aprobación de empleo público se cumple con el primer debate o con el segundo.

La diputada Guido aclaró que el préstamo es una legislación independiente y que aprobarlo por sus tasas más bajas no significa que se esté a favor de las condiciones adheridas.

Guido recordó que igual ocurrió con el trámite del crédito de $1.778 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), meses atrás, cuando algunos diputados lo aprobaron valorando sus condiciones favorables, pese a que los desembolso en tractos está ligado al cumplimiento de requisitos.

Finalmente, ambos créditos no impactarían el gasto público, tampoco la regla fiscal y el déficit, dado que servirían para cambiar fuente de financiamiento, dijeron el subcontralor y Sáenz.

Lo que sí recomendaron es que el Gobierno informe a la Asamblea Legislativa la forma cómo se incorporarían al presupuesto nacional.