Gobierno y H Solís se enfrentan por finiquito de proyecto Barranca-Limonal

La noche de este lunes, en la comisión legislativa de la provincia de Guanacaste, el encargado de la Unidad Ejecutora (nombrada por el MOPT), William Abarca, al ser consultado sobre el avance de la gestión para poner fin al contrato y el reclamo de $23 millones presentado por la constructora como parte de la solicitud de finiquito, se refirió a la controversia que afrontan actualmente.

Abarca indicó que si bien el contratista alega que la paralización de los trabajos se debió a problemas de expropiaciones, atrasos en pagos de facturas, así como la suspensión prolongada de las obras y el intento fallido del MOPT de ceder el contrato a otra empresa, por parte de la Unidad Ejecutora se declaró abandono del proyecto.

Eso significa que ese ente no acepta las razones planteadas por el consorcio, por lo que será necesario activar la cláusula del cartel para resolver controversias.

Ese apartado, explicó el ingeniero, implica que se debe acudir a una Comisión de Resolución de Conflictos nombrada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la cual, junto a representantes de ambas partes, determinaría la causa y el monto definitivo que corresponde en caso de que se deba pagar al contratista, o bien que el Estado le cobre a este.

En relación con los reclamos planteados en la solicitud de finiquito, el ingeniero aseguró que se está analizando la calidad de las obras ejecutadas para determinar si proceden los pagos; incluso, dijo que algunas obras no se recibieron a conformidad, por lo que se descontarían dichos montos. Además, se está revisando lo relacionado con las retenciones y facturación presentados por la empresa.

Por su parte, el viceministro de Infraestructura, Efraím Zeledón, afirmó que al momento de la licitación se contaba con alrededor del 40% de las expropiaciones y que actualmente se tiene alrededor del 85% de los terrenos necesarios para el proyecto.

Zeledón aseveró que, contrario a lo reclamado por el contratista, se contaba con espacio para trabajar en el tronco principal, pues los predios que faltaban correspondían a marginales y lugares donde no había mayor afectación.

‘Ministro debe resolver’

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Consultado al respecto, el representante de H Solís, Roberto Acosta Mora, indicó que ya se presentó una apelación a la resolución de Ineco (que funge como Unidad Ejecutora del proyecto), pues, según su criterio, es el ministro quien debe resolver, y no esta empresa.

“Ineco no puede arrogarse atribuciones que le competen al MOPT. Refutamos lo mencionado por el ingeniero William Abarca, director de INECO, empresa que está a cargo de la Unidad Ejecutora del proyecto, ya que no es cierto que la empresa abandonó las obras. El problema desde la orden de inicio del proyecto han sido las expropiaciones y graves errores en los diseños”, afirmó.

Según Acosta, el cartel de licitación que fue preparado por Ineco indicaba que contaban con los derechos de vía del área del tronco principal, situación que luego de la orden de inicio constataron que no era cierta, pues faltaban más de 150 terrenos.

“Consideramos que existe un gran conflicto de interés de Ineco como unidad ejecutora, ya que ellos son los responsables de haber aprobado planos con grandes errores de diseño y haber incluido información en los documentos de la licitación contrarios a la realidad, en cuanto a que ya se tenían las expropiaciones para construir el tronco principal”, puntualizó.

Los trabajos de ampliación del tramo Barranca-Limonal se encuentran detenidos desde noviembre del año pasado, y en junio de este 2023 H Solís presentó la solicitud de finiquito junto con el reclamo económico de $23 millones.

De acuerdo con el informe presentado por el viceministro de Infraestructura, las obras alcanzaron un 18% de avance tras haber consumido más de dos años del cronograma y unos $34 millones del presupuesto.

Para esa obra se contaba con un financiamiento de $182 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); sin embargo, esos recursos ya no se usarán para completar los trabajos y, más bien, se gestiona un nuevo crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), porque el costo del proyecto se incrementó en más de $63 millones debido a la paralización en los trabajos y la necesidad de lanzar una nueva licitación.

La estimación del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) es que, al finalizar este año, ya se cuente con los recursos y el nuevo cartel para reanudar los trabajos en el primer trimestre del próximo año, a fin de que la ampliación se complete antes de que termine la actual administración, en mayo del 2026.