Diputados a punto de morderle ¢60.000 millones a la hacienda pública para dárselos a municipalidades

Los diputados están a punto de aprobar, en su trámite de primer debate, un proyecto de ley que le quitaría poco más de ¢60.000 millones a la hacienda pública para pasárselos a las municipalidades.

Se trata del proyecto de ley 18.001, Primera Ley de Transferencia de Competencias a las Municipalidades, que aumentaría los recursos que reciben los gobiernos locales para mantener la red vial cantonal.

La iniciativa modificaría la distribución del impuesto único a los combustibles, establecido por la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, n.º 8114.

Actualmente, las municipalidades reciben el 7,25% de la recaudación anual del tributo. La reforma subiría ese porcentaje a un 22,25%, con lo que subiría de unos ¢30.000 millones a ¢60.000 millones anuales.

El aporte adicional saldría de la parte que recibía el Ministerio de Hacienda para financiar las diferentes obligaciones del Gobierno. Hacienda recibiría un 51,4% en vez de un 66,4%.

Para el diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), el cambio es insostenible para las finanzas públicas, por lo que presentó mociones para modificarlo. Sin embargo, no ha tenido éxito en su gestión.

Al igual que Solís, las fracciones del Frente Amplio, del Movimiento Libertario y de Alianza Demócrata Cristiana (ADC) se oponen al plan, porque consideran que es irresponsable quitarle dinero al Gobierno en época de crisis fiscal.

El apoyo al plan tiene sede en el PAC, el Partido Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), agrupaciones que impulsan con fuerza el plan para darle hasta ¢63.000 millones a las municipalidades para hacer calles, cuando está a punto de iniciar la campaña electoral de los comicios municipales del próximo año.

Edgardo Araya, del FA, acotó que su partido está a favor de asignar recursos a los gobiernos locales, pero consideran que es irresponsable que el Gobierno acepte la disminución de sus recursos.

"Quiero dejar en evidencia la inconsistencia de la gente que se rasga las vestiduras hablando del déficit y exigen al Gobierno recortes y tal, pero para transferir recursos a las municipalidades no tienen problema", dijo Araya.

La discusión en primer debate sobre este plan de ley empezará esta tarde, después de las 4 p. m., en la segunda parte de la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa. La reforma es parte de una reforma constitucional del 2001 que obligó al Estado a trasladar a las municipalidades al menos un 10% de los ingresos ordinarios del Presupuesto Nacional, en forma paulatina.

Actualmente, los destinos específicos del impuesto a los combustibles suman un 33,6%, de lo cual 22,75 puntos porcentuales corresponden al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y 7,25% a las municipalidades. Aprobada la reforma, el monto de los destinos específicos llegaría a un 48,6%, en detrimento de los recursos para el Gobierno.