Regulador rechaza supuesta falta de espacios de diálogo y enfatizó que metodología está en revisión pero preservando primero que ninguno el interés de los usuarios

Por: Juan Fernando Lara 6 julio
El intendente de Transportes, Enrique Muñoz (izq.) , la directora jurídica de Aresep, Carol Solano, y el regulador general, Roberto Jiménez, fueron juramentados por el presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, Rolando González.
El intendente de Transportes, Enrique Muñoz (izq.) , la directora jurídica de Aresep, Carol Solano, y el regulador general, Roberto Jiménez, fueron juramentados por el presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, Rolando González.

San José.

Marlene Madrigal Flores, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), manifestó la tarde de este jueves que "sería de las primeras en levantar la bandera de un paro nacional" de autobuses si, según ella, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no mejora el método para fijar tarifas, aprobado el año pasado.

Así lo expresó la legisladora al regulador general, Roberto Jiménez, y al intendente de Transportes, Enrique Muñoz, durante la comparecencia de los funcionarios a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, a la cual fueron convocados para aclarar dudas sobre la actual metodología de cálculo tarifario para ese servicio de transporte.

Según Madrigal, la metodología afecta a los empresarios de autobuses que son, en su mayoría, pequeñas y medias empresas. Insistió en que no solo hay que considerar al usuario, porque "el transportista es un costarricense también". Por esa razón, reclamó espacio de diálogo y escucha para los empresarios.

Madrigal, incluso, advirtió a Jiménez y a Muñoz que la Aresep "o escucha o escucha, o si no es una falta de respeto".

La nueva fórmula es objeto de controversia desde un inicio, sin embargo, en los últimos meses la presión de los buseros pareciera ir en aumento. Los empresarios hallaron

En junio un empresario paralizó dos rutas durante un día y posteriormente renunció a una de las concesiones, al alegar "desequilibrio financiero".

Más recientemente, buseros de la zona sur, Guanacaste y San Carlos amenazaron con acciones de tortuguismo si el Gobierno no crea una mesa de diálogo para discutir el modelo tarifario.

Por su parte, Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transporistas y vocera del llamado Comité General de Crisis del Sector anunció el miércoles la posibilidad de un paro del servicio para el sábado 15 de julio si el Gobierno no les resuelve. Según ella habrá de 10 a 15 empresas con problemas financieros en poco tiempo por culpa del método, aunque no precisó cifras.

En ese llamado, los autobuseros encontraron respaldo en un grupo de diputados. Entre ellos, aparte de Madrigal, está,Victor Hugo Morales Zapata, también del PAC, quien acusó al intendente de falta de transparencia y, al regulador, de negar espacios de diálogo con el sector.

Según este, la falta de diálogo ahoga la posibilidad de acuerdos.

"¿Toma usted las decisiones según lo que dice la prensa?, le reclamó Morales al regulador".

El usuario primero

Ante los ataques, Jiménez aseguró que él mismo, ha recibido a autobuseros desde su llegada a la entidad y ha realizado talleres informativos. Eso sí, fue claro en que sí se requiere de esta metodología para asignar tarifas justas pero en resguardo primero de los intereses de los usuarios.

"El usuario debe estar en el centro de la regulación, es quien está desprotegido, ni la capacidad para necesariamente analizar toda la información de los sectores. Una tarifa no es solo cobrarle al usuario.Debemos centrar esta discusión en cómo ese instrumento llamado tarifa afecta positivamente el bienestar de las personas en un equilibrio para todas las partes", recalcó.

Adelantó que la metodología está bajo examen y ya presentó un informe a la Junta Directiva donde sugiere mejoras y cambios pero siempre salvaguardando los intereses de los pasajeros. Jiménez declinó especificar los modificaciones propuestas.

Otros instrumentos que, según Jiménez, están en estudio son un protocolo para calcular la demanda de usuarios, lo mismo que un documento para determinar que debej entenderse como "equilibro financiero" desde el punto de vista del prestador del servicio.

Entre los elementos que se toman en cuenta para esta revisión de la metodología está un estudio elaborado por la empresa Deloitte, por encargo de los empresarios.

Aparte de Madrigal y Morales, también estuvieron presentes en la comparecencia los congresistas Laura Garro, Nidia Jiménez, Marcela Guerrero y Ottón Solis todos del PAC. Igualmente, Edgardo Araya de Frente Amplio, Maureen Fallas y Rolando González, de Partido Liberación Nacional, Luis Vásquez del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Mario Redondo de la Alianza Demócrata Cristiana.

Araya, de Frente Amplio, consultó si entre el método actual de cálculo y el anterior se advierte alguna tendencia a más rebajas o aumentos en las tarifas.

El intendente Muñoz informó de que del 2013 al 2016, con el método anterior, hubo 92 alzas de entre 5% y 100%. Desde la introducción del método vigente solo se registran rebajas, cinco ya aplicadas y otra por confirmarse este mes.

Muñoz también aclaró que, con la fórmula vigente, la cifra de pasajeros ya no la proveen los prestadores del servicio, factor que ha sido esencial en el resultado.

"Es claro que en el modelo anterior estábamos a merced de los empresarios", expresó el diputado Araya.

En ese sentido, Ottón Solís, del PAC comentó que las dificultades del ente regulatorio para acceder a información fidedigna del sector autobusero complica la tarea de buscar el equilibrio entre usuarios y empresarios.