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Católicos y evangélicos se congregaron el lunes 3 de setiembre del 2018, en la Ciudad de Guatemala, para manifestarse en contra del aborto en medio de un debate del Congreso que pretendía endurecer las penas por interrumpir el embarazo. Foto: AFP (AFP)
Ciudad de Guatemala. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, diputados guatemaltecos encendieron una hoguera de críticas al reactivar un proyecto de ley que busca endurecer el castigo para el aborto y poner un cerrojo legal al matrimonio entre personas del mismo sexo.
La polémica iniciativa, titulada Ley para la Protección de la Vida y la Familia, mantiene un pulso en el Congreso entre grupos conservadores y defensores de derechos humanos en plena campaña electoral para los comicios generales del 16 de junio.
"Guatemala está siendo arrastrada por corrientes internacionales, especialmente tendencias que llegan a introducir a nuestros países temas como la ideología de género y entonces básicamente la ley lo que trata es de proteger a la familia de este tipo de corrientes", dijo el diputado Aníbal Rojas, el principal impulsor del proyecto.
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Rojas, del partido derechista Visión con Valores (VIVA), aseguró que tales "ideologías que vienen del extranjero" pretenden "degradar" a la sociedad introduciendo "temas como el aborto y el matrimonio homosexual".
El proyecto fue presentado en el 2017 y ha superado dos votaciones en el plenario legislativo, la última en agosto pasado. Reapareció en agenda la semana pasada para su discusión en tercer debate, por petición de grupos religiosos.
Organizaciones opuestas a la iniciativa convocaron una protesta para este miércoles.
Su aprobación requiere de al menos la mitad más uno de los 158 congresistas y Rojas asegura que cuenta con el respaldo de 80%, "tal vez un poco más", de los parlamentarios.
El aborto en Guatemala es castigado con multas y cárcel y solo está autorizado si la vida de la madre está en peligro. En la actualidad, por ejemplo, la pena para el aborto provocado es de 1 a 3 años de prisión, que pueden evitarse con el pago de una fianza.
Para Rojas las actuales penas son muy "blandas", por lo que propone cárcel de 5 a 10 años para el aborto inducido.
El proyecto prendió la alarma entre organizaciones sociales y diputados opositores.
Preocupa "primero la ampliación de las penas en contra de la mujer, lo segundo es que incluso califican de delito el aborto natural y esto implicaría que los médicos en su conjunto se conviertan en policías", señaló a la AFP la diputada Sandra Morán, de la izquierdista bancada DIGNA.
Morán consideró que Rojas y el resto de diputados que le apoyan buscan "ganar votos de la Iglesia evangélica y también de la Iglesia católica", que abarcan 45% y 42% de los 17 millones de guatemaltecos, respectivamente, según encuestas privadas.
Unos 10 partidos han incluido "la protección a la familia" en su discurso de campaña, agregó la congresista.
Sin embargo, Rojas, quien niega que su proyecto tenga fines electorales, insistió en que su determinación es proteger a los "bebés que no tienen voz" y "proteger el núcleo de la familia", en el caso de vedar el matrimonio igualitario.
La otra parte de la controvertida iniciativa es plasmar en el código civil la prohibición definitiva para el matrimonio gay.
La reforma establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer "así nacidos", y prohíbe "expresamente" la unión legal entre parejas del mismo sexo.
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"Lo que hacen es que se cambian de sexo y el que era Pedro ahora se convierte en Julia, y el que era Julia ahora es Pedro. Entonces al final van y piden casarse como Julia y Pedro, pero realmente es Julia y Julia los que se están casando", ejemplificó el congresista.
"Si nació hombre será hombre toda su vida y si nació mujer será mujer toda su vida", añadió.
El proyecto también incluye definir como familia nuclear la formada por padre, madre e hijos, lo que Morán considera como discriminatorio a las familias diversas y monoparentales.
Con el resurgimiento de la iniciativa, la Procuraduría de los Derechos Humanos recordó al Congreso los compromisos internacionales que Guatemala ha adquirido "para abstenerse" de promulgar leyes que atenten contra los principios de no discriminación e igualdad ante la ley.
El proyecto también prohíbe a los centros escolares, públicos y privados, promover programas sobre la diversidad sexual o “enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad”.
