EscucharRío de Janeiro. El gobierno brasileño investiga la existencia de una organización de “agentes públicos y milicianos” que busca obstruir el esclarecimiento del asesinato hace ocho meses de la concejal negra Marielle Franco y de su chofer Anderson Gomes, informó el jueves el ministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann.
La investigación se abrió a causa de “graves denuncias” hechas en las últimas semanas por dos testigos, sobre “la existencia de una organización criminal, que involucra a agentes públicos de varios organismos, milicianos y organizaciones criminales” que se proponen “impedir que se llegue a quienes ordenaron y procedieron a la ejecución del doble homicidio”, precisó Jungmann en una rueda de prensa en Brasilia.
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El ministro de Seguridad Pública de Brasil, Raul Jungmann, habla durante una conferencia de prensa sobre la solicitud del fiscal general de que la policía federal investigue nuevas pistas sobre el asesinato de Marielle Franco. Foto: AP (Eraldo Peres/AP)
Marielle Franco, una concejal de Rio de Janeiro de 38 años conocida por su defensa de las minorías y sus críticas contra la violencia policial en las favelas, fue acribillada a balazos junto a su conductor Anderson Gomes el 14 de marzo de este año.
Desde entonces, algunos sospechosos fueron detenidos. Pero el caso, que está a cargo de la Policía Civil y de la fiscalía de Rio de Janeiro, no ha tenido avances significativos.
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Marielle Franco participó en una sesión en la Cámara Municipal en Río de Janeiro, Brasil, el 21 de febrero del 2017. (RENAN OLAZ)
Aunque el propósito de esta nueva investigación no es resolver el asesinato, sino determinar si existe una trama para impedir que el caso se dilucide, la participación de la Policía Federal podría arrojar una nueva luz sobre lo que efectivamente ocurrió, admitió Jungmann.
El ministro también determinó la protección de los dos testigos.
Rio de Janeiro afronta desde hace al menos dos décadas el problema de las milicias: grupos parapoliciales conformados por agentes y exagentes de seguridad, que actúan en las favelas.
Estos escuadrones, que se disputan el dominio de las barriadas con los traficantes de droga, están implicados en extorsiones y han llegado a controlar servicios como el suministro de gas, internet, la televisión por cable o las redes de transporte local.
El desborde de violencia llevó al gobierno federal a decretar en febrero pasado la intervención del Ejército en las tares de seguridad en el Estado de Rio, el segundo más rico del país.
Brasil registró el año pasado 63.800 muertes violentas, 30,8 por cada 100.000 habitantes, que en Rio llegan a 40,4/100.000, según la ONG Foro de Seguridad Pública.
