EscucharRío de Janeiro. El Comité de Derechos Humanos de la ONU instó el viernes a Brasil a permitir que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva haga campaña desde la cárcel y mantenga su candidatura para las elecciones de octubre.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/3N7F2EJUQZCAHCSCWWLBA4KJWE.jpg)
Brazil's former President Luiz Inacio Lula da Silva is seen in front of the metal workers union headquarters in Sao Bernardo do Campo, Brazil, Saturday, April 7, 2018. (AP Photo/Nelson Antoine) (Nelson Antoine)
El Comité, con sede en Ginebra, pidió que Brasil “tome todas las medidas necesarias para asegurar que Lula pueda ejercer mientras esté en prisión sus derechos políticos como candidato en la elección presidencial de 2018”.
El organismo consideró, además, que Lula no puede ser excluido como candidato “hasta que sus apelaciones ante los tribunales hayan completado los trámites judiciales justos”.
La cancillería brasileña respondió poco después que “las conclusiones del Comité tienen carácter de recomendación y no poseen efecto vinculante jurídicamente”, comprometiéndose a “encaminar al Poder Judicial” las decisiones adoptadas por el organismo formado por expertos.
El expresidente Lula (2003-2010), favorito para los comicios de octubre, purga desde abril en Curitiba (sur) una sentencia de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
El Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) inscribió su candidatura el miércoles, aunque esta debería ser invalidada en función de la Ley de Ficha Limpia, que determina que un condenado en segunda instancia, como es su caso, no está habilitado para presentarse a cargos electivos.
La fiscala general de la República, Raquel Dodge, presentó ese mismo día el pedido de invalidación de la candidatura ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que debe analizarlo en los próximos días. Dodge también pidió acelerar el trámite, dada la proximidad de los comicios del 7 de octubre (con una eventual segunda vuelta el 28).
El comité de la ONU supervisa violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la aplicación de un texto suplementario llamado Protocolo Facultativo. Brasil ha ratificado ambos textos.
El ministerio de Relaciones Exteriores, en su comunicado, destacó que Brasil “cumple fielmente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos” y que sus principios “son también principios constitucionales brasileños, aplicados con celo y absoluta independencia por el Poder Judicial”.
La Fiscalía General de la República (PGR) indicó a la AFP que “por el momento, no se manifestará”.
La heredera política de Lula y expresidenta Dilma Rousseff, destituida en 2016 por el Congreso, expresó su satisfacción por la decisión. “Lula es inocente. Lula es candidato a la Presidencia de la República”, afirmó en su cuenta de la red Twitter.
Un conocido político del derechista Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson, expresó en cambio su indignación. “Los ‘brillantes’ abogados de Lula recurrieron a la ONU para que Lula sea candidato (...). Con la ONU, ya nadie para a Lula”, escribió.
Un miembro del Comité de Derechos Humanos, Olivier de Frouville, dijo a la AFP que los abogados de Lula habían pedido una acción urgente en tres asuntos: que sea inmediatamente puesto en libertad, que se le concediera acceso a los medios y a su partido político y que se le permitiera participar en las elecciones.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/DZHSNM3GXZEJVGLT5JEAMSXJVM.JPG)
El Partido de los Trabajadores (PT) lanzó este sábado 4 de agosto la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AP
El panel rechazó la primera de las peticiones, pero validó las otras dos.
Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento ofrecido por la constructora OAS para obtener contratos en Petrobras. El exmandatario, que enfrenta otras cinco causas judiciales, se declara inocente en todas y denuncia una persecución político-judicial para impedirle volver al poder.
Sus abogados reclaman ante la justicia que sea liberado hasta agotar los recursos en tercera instancia (Supremo Tribunal de Justicia) y ante el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema).
Olivier de Frouville afirmó que los recursos ante esas cortes “pueden llevar a anular la condena”, por lo cual el exmandatario debe ser autorizado a “organizar su campaña, incluso desde la cárcel”.
Los fiscales de la Operación Lava Jato (Lavadero de Automóviles), que desveló una vasta trama de sobornos centrada en Petrobras con implicación de prácticamente todos los partidos, pidieron el miércoles limitar las visitas a Lula, a fin de evitar que su celda se transforme “en su comité da campaña”.
