EscucharLa Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó la apertura de un juicio contra seis empleados públicos por supuesto nombramiento ilegal en la Superintendencia de Pensiones (Supén) de un funcionario de apellidos Pacheco Umaña, en el puesto de director de Planificación y Normativa, cargo que ocupó por tres meses.
El Ministerio Público presentó la acusación y la petición de efectuar el proceso judicial, este lunes 20 de noviembre, en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
En un comunicado de prensa se informó de que en la acusación hay otros presuntos delitos atribuidos como prevaricato (resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos), falsedad ideológica e incumplimientos de deberes.
Los imputados en el proceso son Pacheco Umaña; Aguilar Montoya, jerarca de Supén; Dent Zeledón, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif); Soley Pérez, superintendente de Seguros; así como las funcionarias Vallejos Naranjo, de Supén; y Chaves Hernández, del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Según la acusación de Fapta, los acusados habrían promovido el nombramiento de manera irregular, pese a que el coimputado, Pacheco Umaña, no cumplía con la totalidad de los requisitos.
La Fiscalía detalló en su comunicado que, aparentemente, Pacheco Umaña y Dent Zeledón indicaron en documentos públicos que el interesado cumplía con un requisito del cual presuntamente carecía.
Las funcionarias Chaves Hernández y Vallejos Naranjo, al parecer, estaban al tanto de esta irregularidad.
El caso se lleva bajo el expediente 23-000234-1218-PE, y ahora corresponde al Juzgado Penal programar la audiencia preliminar en la que se discutirá si el caso se eleva a un debate oral y público.
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La Fiscalía pidió la apertura de un juicio contra seis funcionarios del Conassif, superintendencias financieras y el Banco Central por el supuesto nombramiento ilegal de un director en Supén. (Rafael Pacheco Granados)
En un comunicado de prensa, el Conassif y las superintendencias detallaron, este lunes, que la denuncia de la Fiscalía corresponde a un nombramiento efectuado, en agosto del 2021, mediante los servicios administrativos usuales que el Banco Central brinda a las superintendencias.
También se detalló que los jerarcas del Consejo y las superintendencias han colaborado en la petición de información hecha por el Ministerio Público.
Además de que dada la etapa del proceso judicial, los funcionarios ligados al caso no brindarán declaraciones adicionales.
El año pasado, el Conassif archivó un procedimiento administrativo en contra Rocío Aguilar Montoya y Adrián Pacheco Umaña, por el nombramiento de este último como director en Supén, cargo que ocupó por tres meses durante el 2021.
El proceso se hizo después de una recomendación hecha por la Auditoría Interna de la entidad, pues aparentemente él no contaba con cinco años en una posición de jefatura, uno de los requisitos para el cargo
El Consejo archivó el caso porque argumentó que Aguilar Montoya no tuvo participación operativa en los procesos de selección de personal, sino que correspondió a Recursos Humanos del Banco Central.
De acuerdo con una información publicada por La Nación, en setiembre del 2022, posteriormente el Conassif eligió a Pacheco Umaña, de manera directa, como intendente de Pensiones por un periodo de cinco años, cargo que actualmente ocupa.
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