EscucharCuando una mujer es llevada a prisión, ocurre una desarticulación familiar al separársele de sus hijos.
¿Quién cuidará de ellos y con qué dinero se mantendrán? Estas son parte de las preocupaciónes del 90% de las 600 mujeres detenidas en la cárcel El Buen Pastor.
Por lo general, los pequeños quedan en manos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el padre, familiares, terceros o albergues solidarios.
Sin embargo, cuando la mujer descuenta la pena y sale de la cárcel, surge una preocupación mayor: ¿cómo reinsertarse laboralmente en la sociedad?
De acuerdo con los expertos, hay muchas dificultades. Son mujeres de escasos recursos, jefas de hogar con baja escolaridad que deben reunir a sus hijos y buscar los medios económicos para sostener a la familia.
La mayoría de ellas estuvo presa por infringir la Ley de Psicotrópicos para obtener dinero. Entonces, ¿cómo evitar que reincidan al ser liberadas?
Para esas mujeres, el proceso de reincorporarse es ingrato: arrastran una hoja de delincuencia reseñada y no consiguen empleo o, si lo hallan, no pueden laborar a tiempo completo por el cuido de sus hijos; ganan menos y lidian con el estigma de que son delincuentes.
Precisamente, ante esas vulnerabilidades, ocho instituciones se unieron para brindar seguridad afectiva y económica, educación, empleo, salud y comida a las familias y a las mujeres sometidas a un proceso penal, o bien a aquellas que ya cumplieron su condena.
La red de apoyo será dirigida por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), y está integrada por la Defensa Pública, Ministerio de Justicia, Instituto Mixto de Ayuda Social, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia, Instituto Costarricense sobre Drogas y el Instituto Nacional de Aprendizaje.
Esos entes darán una intervención prioritaria para que las expresidiarias puedan tramitar, con facilidad, el acceso a una beca para sus hijos y a un bono económico, entre otros beneficios.
El proyecto se iniciará apoyando a las 150 mujeres que, desde octubre del 2013, fueron beneficiadas con la reforma legal que redujo las penas por introducir droga a un centro penal.
El ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Carlos Alvarado, indicó que, de un grupo de 67 mujeres, 45 reciben un subsidio de ¢50.000. “La idea es ayudarlas y que no salgan de donde están sin que tengan oportunidades”, expresó.
