Un total de 150 personas que integran 48 familias vecinas de Mata de Limón, Esparza, tuvieron que desarmar sus ranchos luego de una orden de desalojo emitida por el Tribunal de Juicio de Puntarenas, que al final de cuentas, no se pudo ejecutar.
Ayer a las 7:30 a. m., la Fuerza Pública, Migración, antimotines, retroexcavadoras y vagonetas llegaron a la finca y los lugareños se vieron obligados a desmantelar sus casas, donde vivían hace 14 años. La notificación policial decía que debían desalojar en cuatro horas.
Al parecer, la finca –de 55 hectáreas– fue ocupada de manera ilegal, por lo que en el 2013 hubo una sentencia del Tribunal de Juicio de Puntarenas a favor de la sociedad dueña de los terrenos. Posteriormente, el Tribunal de Apelación del Tercer Circuito Judicial de Alajuela ratificó el fallo y pidió el desalojo.
De acuerdo con Carlos Hidalgo, vocero del Ministerio de Seguridad, la Fuerza Pública llegó con la orden firmada por el juez ejecutor, Franklin Cortés.
Ya en el sitio, el topógrafo de la empresa Mamaroscar Princess S.A. (dueña de las tierras) y el de las familias afectadas tenían planos distintos, por lo que el abogado de la Fuerza Pública llamó al Juzgado. Le dijeron que estudiarían los documentos presentados y esto hizo que el desalojo se suspendiera.