¿Cómo surgió este caso?
El Ministerio de la Presidencia hizo una consulta a la Procuraduría, sin hacer distinción. Ellos mencionan fuerzas policiales y hay una diferencia entre policías, que participan en allanamientos y esta gente, que es especializada en temas de tecnología, de tácticas, que enfrentan el crimen organizado.
¿Quiénes son los oficiales?
Son profesionales liberales, graduados, bachilleres, licenciados en tecnología, recursos humanos y otras, que no ejercen de forma liberal, que es lo que autoriza el pago de dedicación exclusiva. No pueden ejercer las profesiones.
¿Qué labor hacen en la DIS?
Eso es algo que me preocupa y que lo planteamos al Ministerio de la Presidencia, donde están estudiando para dar una opinión jurídica, porque cuando le pedimos a los oficiales que nos cuenten las cosas en que trabajan para responder la demanda que plantea el Estado en la que pretende anular los contratos de trabajo, nos damos cuenta de que las funciones son tácticas y muy especializadas. Nos pareció un serio peligro exponer todo eso, porque es exponer el trabajo contra el crimen organizado.
¿Contestó la demanda?
Lo hicimos, pero no tan profundamente y planteamos el problema a la Presidencia. Revelar cuáles son las funciones de estas personas es revelar secretos de Estado, porque es la planificación de la lucha contra el crimen organizado. Esto es delicado.
¿Cuántos oficiales son?
En mi caso representó a nueve, pero creo que son como 15. A uno le reclaman devolver ¢50 millones.