El Ministerio Público acusó a 26 personas por presuntamente integrar una organización que defraudó al fisco, al presentar facturas para cobrar la falsa utilización de maquinaria en la construcción de la llamada trocha fronteriza.
Así lo anunció este martes el fiscal general de la República, Jorge Chavarría Guzmán, quien agregó que los imputados son tres funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), tres particulares que fingieron ser supervisores de las obras, 18 empresarios contratados para efectuar los trabajos y dos mujeres, que son esposas de dos de los implicados.
Las autoridades judiciales identificaron a los empleados de Gobierno como Carlos Acosta Monge, exdirector del Conavi; Miguel Ramírez Marín y Manuel Serrano Alvarado, quienes eran personeros de la entidad encargados del proyecto.
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Respeto a los particulares que simularon ser supervisores de la obra, se trata de tres hombres de apellidos Mesén Vargas, Agüero Gamboa y Mora Barrantes.
En tanto los empresarios son de apellidos Castillo Villalobos, Baralis Crosetti, Herra Alfaro, Soto Campos, Montoya Rodríguez, Jiménez Alfaro, Arias Herrera, Soto López, Carranza Amores, Campos Cordero, Herrera Barrantes, Pérez Salas, Arias Quesada, Herrera Chacón, Mena Loaiza, Herrera Chacón, Campos Vinda y Méndez Mendez.
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Las dos mujeres implicadas son apellidadas Alvarado Víquez (esposa de Ramírez Marín) y Morera Fernández (esposa de Mesén Vargas).
Chavarría dijo que se pudo demostrar que el perjuicio económico para el Estado fue de ¢1.234 millones y que será la Procuraduría General de la República la que se encargue de plantear la acción civil resarcitoria, contra los 26 acusados y las empresas que representan.
El funcionario mostró satisfacción por el trabajo al decir: "Hemos culminado un proceso que fue muy complejo (...), nos ha llevado cinco años de un trabajo exhaustivo. Estamos totalmente dispuestos a gestionar ante los tribunales la condena de esta gente. Creemos que este tipo de conductas corruptas, como otras que hemos venido persiguiendo, no deben quedar impunes".
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Con esta determinación se cierra la etapa de investigación que duró cinco años y el expediente pasa a conocimiento de jueces, quienes deberán determinar, en una etapa procesal que puede tardar dos años o más, si el asunto es elevado a juicio.
Largo proceso.
La trocha 1856 que va a los largo de 160 kilómetos, en forma paralela a a frontera con Nicaragua, fue un proyecto impulsado por la administración de Laura Chinchilla, en respuesta a la invasión del Gobierno de Daniel Ortega a isla Calero, en Pococí, Limón, ocurrida en el 2010.
Con un costo de poco más de ¢20.000 millones, la obra se inició en diciembre del 2010. Fue en mayo del 2012 que la expresidenta denunció que funcionarios del Conavi habrían recibido dádivas de empresarios. Eso dio pie a la intervención del Ministerio Público, en tanto la obra nunca se concluyó.
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Jorge Chavarría dijo que la acusación consta de 668 folios, 86 informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 28 ampliaciones y detalles de 58 allanamientos.
Al explicar el trabajo de los fiscales, el fiscal dijo que inicialmente se indagó el posible vínculo con los hechos de altos funcionarios, entre los cuales citó a la exmandataria Chinchilla. Sin embargo, con el pasar de los meses se percataron de que no existía ninguna responsabilidad de los altos jerarcas, puntualizó Chavarría.
El funcionario detalló que se hizo un replanteamiento de las pesquisas y fue cuando detectaron que la red tenía una organización "horizontal" en la cual estaban involucrados personeros del Conavi, particulares que sirvieron como inspectores falsos y los empresarios.
"Este grupo venía trabajando en otros casos pero no podemos afirmarlo. Si se denota que hay amplio conocimiento entre ellos. Hay una confianza que no encuentra explicación a no ser en el ámbito de una amistad o de otro tipo de relación", comentó.
El fscal general al explicar el modo de operar de la red, aseguró que lo hicieron mediante el cobro de facturas por la falsa utilización de maquinaria.
"En unas ocasiones se dice que la maquinaria realiza obras en un lugar, cuando la investigación determina que está en otro sitio (...), hay facturas en las cuales una empresa cobra por usar maquinaria y otra empresa presenta otra factura por usar la misma maquinaria al mismo tiempo. Una de las dos es falsa (...), cobran alquiler de maquinaria que no ingresó al país o todavía no ha sido nacionalizada", manifestó.
Según Chavarría, como presuntamente existía un acuerdo, los empresarios eran los que hacían la solicitud de cobro, la cual, al contar con el visto bueno de los falsos supervisores, llegaban a los funcionarios del Conavi, quienes las avalaban. “No había ningún control, simplemente se pasaban a contabilidad, se gira el cheque y se paga (...), los funcionarios ya saben del negocio, no cuestionan la documentación", dijo.
El Ministerio Público les atribuye a los acusados los presuntos delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia en contra de la hacienda pública y legitimación de capitales.
El fiscal general explicó que de acuerdo con los diversos roles que tuvieron los imputados, así se les atribuyen los delitos.
Para Jorge Chavarría esta investigación le dejó a la Fiscalía una enseñanza y que el país requiere que se modifique el sistema sobre como está estructurada la investigación penal. "El proceso tiene que ajustarse en tiempo razonables. Cinco años para presentar la acusación. Ahora vamos a ver cuando va a transcurrir para que se pronuncien los tribunales" agregó.
Recuperar bienes.
La fiscala Andrea Rodríguez Sandí, una de la encargadas de la investigación, manifestó que determinar cual fue el destino del dinero resultó una tarea muy difícil.
"Se hizo una investigación amplia con relación al posible aumento patrimonial que se hubiera dado con relación a los imputados y se determinó con uno de los funcionarios. En relación con otros no se determinó contundentemente, pero si de la participación tendiente a la sustracción de fondos públicos (...), hay que entender que no se dan acciones utilizando cuentas bancarias, eso dificulta el rastreo del dinero", explicó
Al consultarle sobre cuál funcionario era respondió: "Es el caso de Miguel Ramírez que había adquirido una casa de habitación en Heredia".
Rodríguez señaló que en la pesquisa se logró establecer que los imputados cuentan con la adquisición de bienes que no encuentran justificación al comparar sus cuentas bancarias.
Rodríguez dijo que se está solicitando el comiso de varios de los bienes, entre los cuales dijo hay fincas, vehículos y otros, pero no precisó cuántos eran.
DECISIÓN: Gobierno descarta terminar trocha fronteriza por falta de fondos
MOPT cauto ante acusación contra exjefe del Conavi
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no tomará decisiones aún sobre el futuro del ingeniero Carlos Acosta Monge.
Este destaca en la lista de los 26 acusados por cometer supuestas irregularidades en la construcción de la trocha fronteriza, pues era el director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) cuando se conoció el escándalo sobre este proyecto vial.
En la actualidad, Acosta labora en el despacho del ministro del MOPT, Carlos Villalta, como supervisor de puentes.
Villalta dijo a La Nación que no tomará ninguna decisión sobre el funcionario cuestionado hasta no leer la acusación por completo.
“No conozco la acusación todavía, voy a leerla antes de tomar una acción. Ahora bien, ‘acusado’ no quiere decir ‘culpable’, y serán los jueces los que determinen si es o no culpable de los cargos.
”Él está en una función técnica asignada para aprovechar su conocimiento y los recursos que se usan para pagar su salario”, afirmó Villalta.
Trayectoria. Acosta es funcionario del MOPT desde 1985, y su plaza pertenece al despacho del ministro.
No obstante, desde setiembre del 2005, disfrutó de permisos sin goce de salario que se renovaron cada año.
La última licencia de este tipo venció el 31 de agosto del 2016. Días antes de esa fecha regresó a su puesto en el MOPT.
En los últimos diez años, desempeñó diferentes cargos en el Conavi y en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el 2012, cuando se destapó el caso de la trocha, Acosta declaró que no tenía nada de qué avergonzarse y calificó como injustos los señalamientos en su contra.
Desde que volvió al MOPT, ha rehusado hablar con la prensa. Según una certificación dada por ese Ministerio a este diario, el ingreso mensual de Acosta es de ¢1.794.000.
Cinco años después, la trocha fronteriza sigue en estado de abandono
Pasaron casi cinco años desde que comenzó la construcción de la trocha fronteriza paralela al río San Juan y todavía la vía no se terminó.
La falta de financiamiento y los problemas judiciales que tuvieron que afrontar en este periodo obstaculizaron una y otra vez su avance.
La edificación de la vía de lastre se inició a mediados del 2011 luego de que, en el 2010, el gobierno de Laura Chinchilla denunció la invasión de isla Calero, en el extremo caribeño de la frontera, por parte de varios militares y civiles de origen nicaragüense.
Sin embargo, en uno de los últimos recorridos que hizo La Nación a la zona, en setiembre pasado, se observó que la carretera de 160 kilómetros, está construida a pedazos.
Para aquel momento, la única sección que estaba realmente transitable era la que iba de Fátima hasta Delta Costa Rica, ambas comunidades de Sarapiquí, en Heredia. Es un recorrido de unos 18 kilómetros.
El resto de la carretera Juan Rafael Mora tiene tramos de no más de cuatro kilómetros, los cuales se topan con un puente caído o caminos intransitables.
Los problemas. El comienzo de la obra transcurrió con normalidad, pero a los meses trascendió que el plan se inició sin la existencia de diseños y bajo mecanismos de contratación que ahora son investigados por la Fiscalía General.
Las supuestas anomalías le costaron el puesto, en el 2012, al entonces ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez.
Además de las denuncias por anomalías en el manejo de fondos, la demanda de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Holanda, por un supuesto daño ambiental y el constante deterioro de la vía le restaron urgencia al proyecto, al punto de que hoy está completamente abandonado.